Poco
a poco en nuestro país se está consolidando el consenso sobre la
relevancia de planificar las grandes obras de infraestructura con una
perspectiva de largo plazo. Este enfoque ha sido respaldado por varios
actores que miran hacia el futuro, con horizontes que alcanzan al menos
hasta mediados de la década del 2050. Ejemplos de esto incluyen la
actualización del Plan Director de Servicios de Infraestructura por
parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el proyecto de ley para
establecer el Consejo Nacional de Futuro y Desarrollo.
Es
evidente que Chile enfrenta importantes desafíos para las próximas
décadas. Uno de ellos es asegurar infraestructura hídrica que garantice
un abastecimiento sostenible para las comunidades, así como para
sectores clave como la agricultura, la silvicultura y la minería. Entre
las soluciones se contemplan plantas desaladoras y proyectos de embalses
adaptados a las cuencas regionales.
Otro
reto significativo es mejorar la cadena logística del país, incluyendo
redes de transporte de carga más eficientes. Es fundamental también
fortalecer los servicios de conexión entre las principales ciudades como
Valparaíso, Santiago y Concepción, mediante la continuidad de la red
concesionada, mejoras en las rutas secundarias y avances en proyectos
ferroviarios en la zona central.
En
la misma línea, se destacan los desafíos de ampliar el puerto de
Valparaíso y continuar impulsando el desarrollo del puerto de gran
escala en San Antonio. Este último proyecto será crucial para una ciudad
que enfrenta importantes necesidades en servicios, vivienda,
conectividad, salud y educación, y que requerirá adecuaciones
significativas en los próximos años para materializar esta iniciativa.
Además,
es imperativo que el país ofrezca seguridad a sus ciudadanos, lo que
implica concretar los nuevos centros penitenciarios anunciados y
completar la cartera hospitalaria con instalaciones de calidad y en
tiempo adecuado para sus usuarios.
En
este contexto, la obtención de permisos para estas inversiones debe ser
proporcional y contar con la capacidad institucional adecuada para
agilizar los procesos. Esto permitirá al Estado llevar adelante las
inversiones públicas necesarias, al tiempo que proporciona certeza
jurídica a los actores privados involucrados en la infraestructura
pública. Es esencial que este sistema sea eficiente y rápido, sin
descuidar los aspectos ambientales y sociales. En el Congreso
actualmente se encuentran en proceso dos proyectos de ley que buscan
modernizar la entrega de autorizaciones, que en algunos sectores
enfrentan demoras significativas.
La
integración de estas visiones sobre el país, las inversiones
necesarias, las oportunidades para realizarlas y el papel de los
diversos actores requiere niveles de coordinación que actualmente están
ausentes.
Es
por ello que desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
hemos propuesto la creación de un Consejo Asesor Presidencial en
Infraestructura, con el fin de contribuir a la planificación a largo
plazo que el país necesita. De no avanzar en esta dirección, corremos el
riesgo de perder competitividad y dificultar nuestro proceso de
desarrollo.