Un informe elaborado por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
da cuenta de los crecientes esfuerzos de los países para gravar las
fuentes contaminantes, práctica en la que Chile ha dado pasos en los
últimos años, aunque en términos recaudatorios aún le falta para
alcanzar el estándar de los países desarrollados. Acorde al reporte, el
país recolectó en 2019 -último año con estadísticas comparables entre
países- el equivalente a 1,3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en
impuestos relacionados al medio ambiente, cifra levemente superior a los
1,2 puntos del Producto que recauda el promedio de América Latina y el
Caribe, pero aún lejos de los 2,1 puntos que ingresan en promedio en las
37 naciones del denominado “club de los países ricos”.
Así,
Chile se ubica en el octavo lugar del conteo entre 25 países de la
región, detrás de Guyana (4 puntos del Producto), Costa Rica, Honduras,
República Dominicana, Uruguay, Bahamas y Nicaragua. Según la
organización, un impuesto ambiental es un impuesto cuya base es una
unidad física (o un equivalente de una unidad física) de algo que tiene
un probado
y específico impacto nocivo sobre el medio ambiente, independientemente
de si el impuesto está destinado a cambiar las conductas o se aplica
para otro objetivo. Más en detalle, los ingresos provenientes de los
gravámenes al diésel y la gasolina representaron el 0,7% del PIB en
promedio en la región y cerca del 65% de la recolección total de
tributos, cifras que se comparan con el 1,5% del PIB de la media de la
OCDE. Asimismo, lo ingresado gracias a gravámenes sobre los vehículos
motorizados y servicios de transporte ascendió al 0,4% del Producto en
la zona, representando el 35% de lo restante en materia de ingresos
tributarios medioambientales. La proporción del tamaño de la economía es
levemente inferior a la media de los países desarrollados (0,5% en
2019). En estas proporciones, Chile recauda 0,9 puntos del Producto
provenientes de la energía (diésel y gasolina), un 0,33% del transporte,
0,07% a gravar las fuentes contaminantes y un 0,04% del PIB desde los
recursos naturales. En Chile, se aprobó una importante reforma
tributaria que incluye nuevos impuestos relacionados con el medio
ambiente en 2014. Esto incluyó un impuesto sobre las compras de
vehículos a motor, que se introdujo en 2015 sobre la base de la
eficiencia energética y las emisiones de los vehículos. Chile introdujo
un impuesto al carbono como parte de los nuevos impuestos verdes (Ley
20.780) que entraron en vigor en 2017. Se aplica una tasa uniforme de
US$ 5 por tonelada de CO2 a las emisiones de CO2 de las instalaciones
cuya capacidad total de energía térmica de calderas y turbinas sea de al
menos 50 MWt. Los impuestos verdes también se aplican a contaminantes
como el material particulado, el NOX y el SO2.
Impuestos ambientales, planes
de descontaminación, declaraciones de buenas intenciones o decretos de
emergencia climática y ambiental no sirven de nada, si no se ejecutan
acciones concretas para revertir esta situación.