Según el “II Estudio Nacional sobre la Discapacidad en Chile (2015)” elaborado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), en nuestro país un 16,7% de la población de dos y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir, 2 millones 836 mil 818 personas. De ellas, 29.936 viven en Magallanes, lo que corresponde a un 20,5% del país. Las cifras pueden haber variado un poco pero, en general, esa es la foto actual.
Es indudable que se ha avanzado mucho en el tema de la discapacidad en Chile y mucho de eso tiene que ver con el gran trabajo que durante tantos años han desarrollado tantas organizaciones e instituciones, a nivel regional tengo que mencionar nuestras propias y queridas jornadas. También, el empresariado ha avanzado en entender que las personas con discapacidad pueden ser excelentes trabajadores y agregar valor a su empresa como cualquier otro empleado, incluso rindiendo más.
La infraestructura también se ha ido actualizando a los requerimientos de las personas con discapacidad y hoy en día es normal ver rampas de acceso a edificios públicos y privados, o los elevadores especiales que existen en el Metro, por solo poner un par de ejemplos. En definitiva, como país hemos ido dando pasos, pero hay aspectos en los que aún nos falta mucho.
Según el estudio citado al principio, un 5,8% de las personas con discapacidad en Chile tienen entre 2 y 18 años de edad, y ahí es donde detectamos una situación que afectaba seriamente la igualdad al acceso a la educación en el caso de los colegios privados. Es cierto que muchos recintos de educación escolar pagado ofrecen dentro de su oferta el tema de la inclusión para estudiantes con discapacidad física o mental, pero en algunos casos, lo que no ponen en los anuncios es que esa “inclusión” tiene un cobro extra en la matricula y en el arancel mensual.
A raíz de esa situación y después de haber escuchado a representantes de la sociedad civil, educadores, padres y madres de niños con discapacidad, es que presenté el proyecto de ley sobre “Inclusión Escolar de Niños, Niñas y Adolescentes con Necesidades Educativas Especiales en Establecimientos Educacionales Particulares Pagados”, en el cual fui apoyada por otros senadores y que, este miércoles recién pasado, se aprobó por unanimidad en la Sala y que ahora va a segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados, donde espero sea tramitado con celeridad.
El despacho del proyecto es una muy buena noticia, pero nos alerta sobre situaciones que aún tienden a impedir la real integración de quienes viven con algún tipo de discapacidad. Creo que no puede haber mejor forma de integración para niños y niñas con discapacidad que romper las trabas que puedan dificultar ese proceso. La ganancia integral para ellos, pero también para el resto de sus compañeros, me parece evidente.
Las personas con discapacidad no quieren ser tratadas distinto, menos que se sienta lástima por ellas. Lo que sí nos demandan y que nos interpela como sociedad, es que les facilitemos el camino hacia la inclusión de verdad. Mientras antes parta el proceso de la integración mejores serán los resultados y, por lo mismo, no pongamos trabas para que nuestros hijos e hijas compartan sin distinciones y que puedan aprender a conocerse, respetarse y quererse.