De
un tiempo a esta parte, nuestra sociedad ha experimentado cambios y
transformaciones que de una u otra forma han ido marcando tendencias. Se
socorre mucho a lapidar estos fenómenos con aquello de, todo cambio es
bueno, hay que modernizarse o, estar a la par de los tiempos actuales,
entre otras expresiones que finalmente dan cuenta de una toma de
conciencia diferente según también nuevas formas de socializar y
relacionarnos.
Podemos
convenir en aquello, pero los cambios y transformaciones, deben
generarse desde el interior, nacer de una sentida e ineludible necesidad
de modificar o transformar algo que consideramos no está bien.
Una
imposición o dictamen puede caer en el vacío si no existe esa voluntad
sincera de querer cambiar o de aceptar en definitiva que lo hecho hasta
ahora no es correcto y por eso, es necesario adoptar una nueva conducta.
Hoy,
nuestra realidad nos señala que la mayoría de las veces copiamos y nos
apropiamos de formas y estilos que no se condicen con nuestra
idiosincrasia nacional. Y más que destacar y relevar aquello, la
menoscabamos.
En
términos de inclusión, por ejemplo, durante los últimos años hemos ido
aprendiendo sobre la utilización del lenguaje y su complejidad, pero por
sobre todas las cosas y afortunadamente, reconociendo cada vez más la
igualdad en la diferencia, es decir, en comprender de manera reflexiva
que, todos somos iguales y con los mismos derechos, independientemente
de las diferencias.
Y
esto ha resultado crucial y fundamental en el proceso de construcción
de una mejor sociedad que anhela avanzar de una manera diferente, basada
en el respeto principalmente.
Así
es como de manera paralela, la legislación también ha ido conformando
una base argumentativa legal que protege y defiende a las y los
ciudadanos, y que al mismo tiempo sanciona las agresiones y la violencia
cuando tienen el carácter de discriminatorias u ofensivas por quien se
cree ostentar la calidad de una especie de ser superior (lamentablemente
los ejemplos de este tipo no son pocos).
Tal
como lo hacen las leyes, el sistema educativo por su parte, juega un
rol necesario e indispensable para avanzar en la consolidación de
comunidades cada vez más inclusivas, para ello, las escuelas y las
instituciones de enseñanza, deben asumir el compromiso firme en cuanto a
su responsabilidad en la formación de niñas, niños y jóvenes, un
compromiso que debe verse y practicarse a diario a partir de los propios
actores involucrados en el proceso pedagógico.
Garantizar
el derecho a la educación significa también, ser garantes de la
promoción de la igualdad de oportunidades en espacios inclusivos, con
condiciones apropiadas para acortar las brechas y seguir nivelando la
cancha.
La
discriminación va justamente en el sentido contrario de aquello que
anhelamos como objetivo para las sociedades. Aceptar, avalar o
justificar acciones discriminatorias, deben ser oportunamente
cuestionadas, criticadas y efectivamente sancionadas con la aplicación
de las medidas pertinentes sin excepción.
Educar
en la igualdad, resulta en definitiva, sentar las bases para la
construcción de una mejor sociedad que nos permita soñar en
transformaciones positivas y confiar en que podemos generar entre todos
comunidades más justas y solidarias.