Restan
29 días para hacer entrega oficial de la propuesta de la nueva
Constitución. Y ahora, en medio del debate de la Comisión de
Armonización algunos colectivos comenzaron a advertir que probablemente
se equivocaron y aprobaron incoherencias que, sin duda, generarán
problemas no solo en la implementación e interpretación de la Carta
Magna, sino que afectará profundamente a las inversiones y por ende, a
nuestra economía.
El
conflicto se da entre dos enmiendas que –pese a que advertimos en
numerosas oportunidades que generaría grandes problemas- fueron visadas
por el Pleno. Una señala que “los pueblos y naciones indígenas tienen el
derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas
administrativas y legislativas de les afectasen”, y la otra que
establece que los pueblos indígenas entreguen su “consentimiento libre,
previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus
derechos reconocidos en esta Constitución”.
Ahora,
al advertir el error cometido aprobando un poder de veto prácticamente
soberano de los pueblos indígenas, sectores de izquierda y de centro
izquierda calibran las consecuencias y buscan hacer una trampa, incluso
modificar nuevamente el reglamento en forma antojadiza es una
alternativa, y permitir a la Comisión de Armonización hacer cambios.
Esta situación es gravísima, no solo porque otra vez pretenden
transgredir lo acordado en el reglamento –que dicho sea de paso se
discutió durante largos tres meses- sino que además, se erige como un
precedente para discutir y poner en tela de juicio las 499 normas que ya
se encuentran en el borrador.
La inexperencia jurídica de muchos convencionales, pero sobre todo, tozudez y algo de
vanidad para rehusarse a escuchar a los expertos, nos han puesto
nuevamente en una encrucijada que solo reafirma una idea: no querían
tener comisiones revisoras que buscaran acuerdos superiores al Pleno. Y
me permito recordarlo; la Centro Derecha en su momento pidió que ambas
comisiones (de Armonización y Normas Transitorias) existieran con
atribuciones relevantes y la respuesta de la mayoría fue simple: NO.
Por
eso, es absolutamente inaceptable lo que hoy convencionales hacen,
declaran ante la opinión pública o pretenden imponer. Las Comisiones de
Normas Transitorias y de Armonización, no pueden revivir temas
rechazados por el Pleno ni menos adecuar normas, políticas o
instituciones a las que el Pleno dijo también “no”.
Lo
preocupante es que se quiera emular este mismo orden en el Poder
Legislativo, ya que, de aprobarse la propuesta de la nueva Constitución,
tendremos una Cámara de Diputados con un sin fin de atribuciones, sin
contrapesos efectivos y que quedará a merced de las mayorías
circunstanciales. Siendo así –y tal como lo ha hecho la Convención-
tendrá la facultad de modificar normas ya establecidas, que a su vez,
modificarán considerablemente nuestras vidas y el desarrollo de nuestro
país, exacerbando sin duda el espiral de polarización en el que ya nos
encontramos.
En
este contexto, y por supuesto de cara al Plebiscito de salida, es deber
de la ciudadanía informarse para elegir bien, determinando si las
múltiples incoherencias plasmadas en esta nueva Constitución son o no la
antítesis del propio mandato ciudadano que la consagró.