La
historia de los exonerados falsos se repite en Chile. En el pasado,
tras el retorno a la democracia, los impuestos de los chilenos que
trabajan han financiado miles de millones de pesos para exonerados
falsos o sus descendientes. Los responsables del drama que vivió Chile
durante la Unidad Popular, se fueron del país acogidos por gobiernos
ignorantes de lo que pasaba en Chile y otros regímenes comunistas
despiadados como la Unión Soviética, Cuba y Alemania Oriental. Todo
Chile fue testigo que para validar la calidad de exonerado político,
diputados y senadores pusieron su firma avalando tal calidad. La
realidad fue que, en muchísimos casos, los exonerados eran falsos.
Aunque la Contraloría General de la República investigó y verificó las
irregularidades, nunca se dio pie atrás y hasta ahora seguimos pagando
la cuenta mes a mes con cargo al presupuesto de la Nación.
Estamos
hablando de al menos 10.000 falsos exonerados. En 2012 el gobierno
revisó 50 mil carpetas y un quinto correspondía a falsos exonerados.
Esta cifra se aumenta notablemente, si consideramos las declaraciones de
Raúl Celpa, quien fue presidente de la Comisión de Exonerados y ex
Presos Políticos. Según Celpa, el tema se instrumentalizó por motivos
electorales. La cifra de falsos podría llegar a 30 mil fácilmente habida
cuenta que el total se elevaba a 150 mil exonerados.
La fiscal que llevó el caso no perseveró y como sucede muchas veces, no se cumplió la ley y no se sigue cumpliendo.
En el caso del estallido delictual -mal llamado estallido social- cerca
de 400 personas han sido beneficiadas por ser “víctimas de violaciones a
los derechos humanos”. No se sabe el nombre de los beneficiarios y no
se sabe si son delincuentes.
Tampoco
se conoce el proceso mediante el cual se llegó a establecer de manera
transparente y objetiva, como se llegó a concluir que era “víctima”. El
estallido delictual de octubre de 2019, en el que vándalos desenfrenados
destruyeron o dañaron 80 estaciones del Metro de Santiago, quemaron
iglesias, saquearon supermercados y destruyeron mobiliario público y
privado, cobraron peajes y destruyeron estatuas de valientes chilenos,
termina con beneficios para los delincuentes y cárcel o expulsión para
unos 30 carabineros.
Chile
es un ejemplo del mundo al revés. Quienes fueron a destruir y enfrentar
a la policía, terminan con plata en los bolsillos y quienes fueron
enviados a controlar el orden público son humillados y condenados sin
juicio justo.
La
izquierda dura quiere destruir Chile y como el plan diseñado, con la
complicidad del gobierno anterior, no dio resultados pues en las urnas
perdieron estrepitosamente, ahora utilizan todos los caminos para
indemnizar y ganar adeptos. Los anarquistas que quemaron y destruyeron
se ríen de Chile.
Quienes
fueron afectados por lacrimógenas, sabían a lo que iban. Ellos fueron a
luchar y a destruir y carabineros estaba ahí para evitar desmanes, pero
como en Chile los delincuentes tienen más derechos que las víctimas,
hemos llegado al absurdo actual. Lo más grave es que el propio
Presidente de la República ha indultado a procesados por graves hechos,
incluyendo un terrorista peligroso.
Hay muchas
otras personas que han sido condenadas y que podrían ser indultadas por
razones humanitarias, pero no se ejerce esa atribución.
El
gobierno pronto cumplirá un año, desde que asumió, y su apoyo popular
está en el entorno del 25%, por lo que están haciendo todo lo posible
para ganar adeptos rápido, con regalos, cargos públicos, indultos y
feminismo fanático. Lo que sorprende es la cobardía de algunos
parlamentarios, y del chileno acomodado, que prefieren callar. También
la prensa, coludida con la izquierda dura no investiga a fondo, pero si
se ocupan de potenciar el Museo de la Memoria, los grupos feministas
fanáticos y lo que está representando el carnaval de actos por el golpe
militar de hace 50 años.
En
resumen, hay dinero para lo que el gobierno quiera y no lo hay para
resolver los problemas de verdad, como la delincuencia, el narcotráfico y
todos aquellos que le interesan a la mayoría de los chilenos. En la
misma línea gobiernista, siguen entrando delincuentes a Chile e
inmigrantes ilegales, a los cuales el gobierno recibe, acoge y financia.
La
razón de fondo de las indemnizaciones del estallido delictual, es que
el Estado habría fallado, al no asegurar la integridad a personas que
fueron a “manifestarse” y se cometieron violaciones a los derechos
humanos. Todo esto decidido por una mayoría de jueces de izquierda que
controlan la justicia en Chile. Si es por indemnizar a quienes les falló
el Estado de Chile, se debería indemnizar a los miles de miles de
chilenos que han sido víctimas de una encerrona, de un portonazo, de un
asalto en su casa o empresa, a las víctimas que viven o trabajan en los
alrededores de la plaza Baquedano, a los familiares de las víctimas de
La Araucanía, a los que les han tomado su propiedad y a una enorme
cantidad de personas a las que el Estado les falla día a día.
Quedan
ya algo más de 3 años para derrotar en las urnas a quienes no saben
gobernar y lo que es peor, no quieren aprender a gobernar.