El indulto presidencial realizado a 12 presos de la revuelta y al exfrentista
Jorge Mateluna debe ser el error más grave del Presidente desde que
asumió el cargo. Los efectos han sido diversos. Entre ellos, en el caso
de Mateluna, una intromisión indebida en las facultades del Poder
Judicial que causó el reproche de la Corte Suprema, la cual situó el
actuar del mandatario fuera de la Constitución. Asimismo, el indulto
socavó la agenda antidelincuencia
del Gobierno, ya que el ánimo de perseguir delitos no es creíble si al
mismo tiempo se libera a quienes los cometen. Sin embargo, lo más
preocupante es que, por la vía del indulto, el Gobierno validó
formalmente la violencia como forma de acción política, algo que por
buenas razones desde su propio sector muchos habían evitado hacer. Hasta
ahora.
Como
ya se ha dicho varias veces, la democracia es incompatible con la
violencia como forma de resolver las diferencias políticas. Mientras la
primera busca hacerlo a través de elecciones periódicas, en la segunda
prima la ley del más fuerte. En otras palabras, es o la una o la otra,
pero no ambas al mismo tiempo. Por lo mismo, las democracias establecen
límites al derecho a protestar, siendo el más habitual la exigencia de
hacerlo pacíficamente. Como es obvio, el homicidio frustrado, el delito
de incendio o el ataque a policías está fuera de lo permisible y el
lugar que le corresponde a quienes los cometen suele ser la cárcel.
Estos fueron algunos de los delitos cometidos por los beneficiarios del
indulto y por los cuales fueron condenados.
A
falta de una explicación razonable, y en base a los antecedentes
existentes, es posible sostener que la motivación de los indultos fue
política. El Presidente consideró, por sí y ante sí, que las
circunstancias en las cuales los delitos fueron cometidos justificaban
las acciones de los indultados y por lo mismo estas personas no serían
delincuentes (esto lo dijo el propio mandatario). Lo anterior, pese a lo
resuelto por distintos tribunales en un sistema penal garantista en el
que es más fácil quedar libre que irse preso. A dicha justificación, en
sí misma cuestionable, hay que añadirle el contexto político en el que
los delitos indultados fueron cometidos y los efectos que generaron. En
los hechos, estas acciones contribuyeron a desestabilizar a un gobierno
democráticamente electo, y si bien el Gobierno no cayó, estuvo bastante
cerca.
Lo
preocupante de los indultos es que hacen evidente que para el Gobierno
este tipo de acciones no merecen castigo. Y acá es donde el tema se
empieza a complicar. La democracia descansa en el supuesto de que el
poder se disputa en las urnas y no en la calle, y la liberación de los
indultados muestra un bajo nivel de compromiso con esa premisa.
Adicionalmente, la señal enviada es que, en el contexto correcto
(definido por el presidente de turno), estas acciones son permisibles,
cuestión que constituye en si mismo un riesgo para cualquier sistema
democrático.
Por
otro lado, y en términos más concretos, es imposible descartar que las
personas indultadas vuelvan a cometer delitos con similar connotación
política. De hecho, Luis Castillo, uno de los indultados, ya adelantó
que: “(…) donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista
desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos
calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa”.
Cabe señalar que además de haber sido condenado por un ataque al
Registro Civil de Copiapó en 2019, Castillo cuenta con 5 condenas en su
historial y 26 causas judiciales en su contra, por lo que hay pocas
dudas de que sea un peligro para la sociedad.
Es
difícil prever las consecuencias que los indultos tendrán en nuestra
convivencia política. Pero a estas alturas ya parece descartable
argumentar que estos servirán para reparar heridas abiertas en el país.
Muy por el contrario.