El
Presidente Gabriel Boric tiene la opción de expresar su ideario por
acciones administrativas en donde independiente del formalismo sólo
requieren su voluntad o proyectos que necesitan la aprobación de otras
fuerzas políticas a través del parlamento. En el caso del indulto
presidencial es una facultad del Presidente de la República que se
consagra en el artículo 32 N°14 de la Constitución y en la Ley 18.050.
Para poder concederlo los indultados deben tener una condena que se
encuentre firme y ejecutoriada; es decir, que no existan recursos en su
contra, o de haberlos, que se hayan vencido los plazos para presentarse.
En relación a los indultos de diciembre pasado, el presidente Boric a
través del Ministerio generó los decretos correspondientes de acuerdo a
la normativa vigente y otros antecedentes, por tanto, cualquier objeción
debería ajustarse a los fundamentos de los indultos y no a lo oportuno o
apropiado de ejercer la facultad presidencial.
Con
los requisitos cumplidos no debería haber cuestionamiento a la facultad
presidencial. De hecho, todos los presidentes han hecho uso de esta
facultad o la del indulto general, liberando a condenados por delitos de
narcotráfico, parricidio y de lesa humanidad, entre otros. Entonces
¿Por qué parlamentarios de la oposición presentaron una acusación
constitucional? Hasta donde entiendo, los parlamentarios no cuestionan
la facultad presidencial sino lo oportuno de liberar condenados por
delitos durante el estallido social, ya que tenían antecedentes
criminales previos, lo cual hacía no recomendable su liberación. Es
decir, la acusación buscaba impugnar 7 de los 13 indultos que otorgó el
presidente Gabriel Boric en diciembre, en lo que respecta a la
fundamentación.
¿Por
qué el Gobierno llegó a este punto de conflicto? Aquí uno puede tener 2
lecturas. La primera, y la más obvia, porque tiene una oposición que
usa todas las herramientas y
oportunidades posibles por propinar trabas y dañar la gestión del
ejecutivo. Y hasta aquí nada nuevo, y usted podrá pensar que en más de
una ocasión nosotros hicimos lo mismo (y de mezquindad hemos hablado en
otras columnas). La segunda tiene relación con nuestras propias malas
decisiones, y en este caso en particular creo que hubo un sobre esfuerzo
en pasar por “chicos buenos”, de no pagar los costos de nuestras
decisiones, cuando teníamos una deuda y compromiso en el tema y eso nos
llevó a cometer errores. Los indultos eran un tema de convicciones y
promesa de campaña y su concreción necesariamente implicaba pagar los
costos, en un momento en que la seguridad se ha tomado la agenda
política. Yo creo y siempre lo he defendido, que los presos de la
revuelta deberían haber sido liberados a través de un acuerdo nacional.
Sin embargo, la falta de diálogo, entendimiento y negociación del
ministro Jackson nos impidió acceder a un indulto general, debiendo
asumir en soledad el presidente la decisión de otorgar el beneficio. No
asumir los costos de otorgar los indultos, en medio de una crisis de
seguridad pública, llevó al ejecutivo a enredarse en demasía, a
justificar y evadir las responsabilidades de la decisión, a entrar en
contradicciones en torno a lo que se hizo, a pasar por desprolijos en la
formulación de los antecedentes. Cuanto más fácil hubiese sido asumir
que queríamos a los cabros libres.
El
día de ayer el Tribunal Constitucional se pronunció en contra del
requerimiento que cuestionaba respecto a si los indultos otorgados por
el presidente Gabriel Boric en diciembre del 2022 se ajustaban a los
requerimientos legales y constitucionales. El rechazo del tribunal
permite cerrar un capítulo complicado para el desempeño del ejecutivo y
abre un escenario de diálogo y entendimiento con la oposición para
abordar temas pendientes de seguridad,
que son urgentes. Quedará pendiente la evaluación si la desprolijidad
fue administrativa o política y si quienes nos llevaron a esta incómoda
situación son los que salieron del gobierno.