Nuestro país suscribió
hace ya más de 30 años la Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño. En ese Tratado Internacional se les reconoce como
‘sujetos de derechos’, dejando atrás la añeja y paternalista
idea de que son ‘menores’, y que por tanto su pensar y su sentir son
cuasi irrelevantes, siendo nosotros, los ‘mayores’, quienes sabemos lo
mejor para ellos y ellas.
Reconocer
a los niños, niñas y adolescentes como ‘sujetos de derechos’ implica
respetar una serie de principios como su autonomía progresiva, que los
habilita a medida que van creciendo a adoptar más decisiones, o su
derecho a ser oídos y oídas, que exige escucharlos y escucharlas cada
vez que se toman decisiones que les afecten; finalmente, también implica
impulsar una educación pública de calidad, no sexista e intercultural
que les permita ejercer su derecho a la identidad y el libre desarrollo
de su personalidad, como seres humanos libres e iguales. También
reconocer las distintas familias que hoy existen en nuestro país, y que
son su espacio de vida y desarrollo más importante. Se trata a fin de
cuentas de reconocer que el famoso ‘interés superior del niño y niña’ no
es algo predeterminado por adultos, sino que ellos y ellas tienen mucho
que decir en su construcción.
Nuestra
Constitución actual no reconoce explícitamente ninguno de estos
principios. Es una deuda pendiente, que se suma además a una de nuestras
deudas pendientes más dolorosas como país: la ausencia de un sistema de
protección respetuoso de sus Derechos Humanos. Hoy contamos con una
Defensoría de la Niñez y está implementándose la nueva institucionalidad
en materia de infancia, pero aún no contamos con una Ley de Garantía de
Derechos de la Niñez. Por estas razones es imprescindible que en la
Nueva Constitución se incluya a los niños, niñas y adolescentes. Ello
implica incluir en el texto los principios antes referidos, pero también
hacerlos parte del debate constitucional. Para ello, algunos candidatos
y candidatas somos parte de la iniciativa #CompromisoConLaNiñez que
busca que los niños y niñas no queden fuera de nuestro nuevo Pacto
social.
La
inclusión de esos principios en la nueva Constitución no resolverá
inmediatamente nuestra deuda pendiente en materia de infancia. Sin
embargo, permitirá avanzar hacia un nuevo trato, en el que, por ejemplo,
una decisión como la que hoy afecta al Hogar Ignazio Sibillo se realice
preguntándole también a los niños y niñas que viven ahí, respetando su
derecho a ser oídos.
Los
niños y niñas han sufrido la pandemia igual que nosotros, han tenido
que estar aislados, perdiendo sus mundos fuera de casa, como el jardín,
la escuela, sus amigos y amigas. Ellos también sufren la ausencia de un
sistema de derechos sociales integral, pues su educación y salud están
en juego y también la calidad de vida de nosotros, sus cuidadores y
cuidadoras. Es momento que el nuevo Pacto social los reconozca como lo
que son: ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, con derechos y
deberes, y con un decir en nuestra democracia.
Decidamos, participemos y votemos este 10 y 11 de abril.