El
reciente anuncio de la ministra de la Segegob sobre el programa
Gobierno Informa, que se difundirá a través de los canales y redes
gubernamentales, coloca de nuevo en entredicho la concepción que tienen
las autoridades acerca de la comunicación social. Se trata de un
programa en cual los ministros conversarán entre ellos y con
subsecretarios acerca de las políticas, programas y acciones adoptadas
por las autoridades y sus efectos en la ciudadanía. La idea tiene un
aire inconfundible de mera propaganda, y se parece demasiado a otras
semejantes que han sido desarrolladas en países como Cuba o Venezuela.
En
una sociedad democrática el gobierno tiene todo el derecho de informar
acerca de la gestión que está impulsando, de eso no cabe ninguna duda,
pero esa información debiera enmarcarse en criterios periodísticos
profesionales de seriedad, objetividad y verificación. En realidad, para
ser bien francos, esta iniciativa del gobierno, ver a ministros y
subsecretarios conversando sobre las actividades de sus carteras, puede
derivar en una actividad profundamente aburrida, y además, arriesga
convertirse en un ejercicio que prescinde del necesario y saludable
escrutinio que la ciudadanía ejerce a través de los medio de
comunicación acerca de la acción gubernamental. Es una idea anticuada,
sin creatividad, que no agrega ningún valor y que se aparta de la
entrega transparente de información; más bien se inscribe en la esfera
de lo que se conoce como propaganda. Es decir: una forma particular de
comunicación pública que puede ser aceptada en contextos de lucha
electoral o de contiendas partidarias, pero que no debiera admitirse
como instrumento gubernamental de relacionamiento con la ciudadanía,
pues debilita la identidad democrática de quienes la promueven, y
desdeña las habilidades y el interés de las audiencias por acceder a
contenidos que sean un real aporte para comprender la realidad política
del país.
Por
otro lado, y como efecto no deseado de esta iniciativa, la idea
presenta otro problema que puede complicar al gobierno. Pone al
descubierto de manera muy evidente un rasgo que las autoridades ya han
mostrado en otros ámbitos: la total ligereza y falta de pudor con que
manejan y gastan ingentes recursos públicos, que bien podrían ser
asignados a sectores que realmente los necesitan. Concretamente, este
programa de
comunicación, o más bien de propaganda, requiere inversiones
importantes en recursos materiales, tecnológicos y humanos, las que en
realidad no se van a traducir en beneficios para el gobierno ni tampoco
para el país; en definitiva, serán un nuevo y cuantioso dispendio inútil
de recursos que son escasos, favoreciendo solamente a los gestores y
las personas directamente involucradas en la organización y producción
de este nuevo espacio.
El
gobierno, en lugar de inventar programas como el anunciado, bien podría
ahorrarse los recursos que pretende gastar en esa iniciativa para
asignarlos a fines más pertinentes, y en cambio desarrollar una adecuada
plataforma comunicacional que comprometa a los medios existentes
actuando como una fuente noticiosa seria, confiable, ágil y creíble.
Pero, en verdad, parece difícil que consiga constituirse y proyectarse
como un actor comunicacional respetado, si pretende sustraerse al
escrutinio de la ciudadanía a través de la divulgación de conversaciones
dirigidas, carentes de espontaneidad y predecibles entre sus propias
autoridades.