En
un año en que la violencia en la Macrozona Sur ha ganado protagonismo
el Gobierno ha mostrado dudas, contradicciones y una fuerte oposición de
partidos oficialistas a la aplicación del Estado de Excepción
Constitucional. La falta de apoyo de una parte del PC y FA para seguir
con los estados de excepción llevaron al Gobierno a impulsar la Ley de
Infraestructura Crítica. Recordemos que es un proyecto de Chile Vamos
propuesto en medio del estallido social que fue rechazado por diputados
que hoy son autoridad (Boric, Jackson, Vallejos, Monsalve). Sin embargo,
como una forma de evitar la renovación del Estado de Excepción y una
crisis en los partidos oficialistas el Gobierno decidió, en forma
apresurada, contradictoria e improvisada, hacer suyo el proyecto,
dejando la sensación de ubicarse en la vereda ideológica equivocada.
Recordemos
que el Gobierno propuso e intentó que el conflicto de La Araucanía se
resolviera mediante el diálogo directo con las comunidades, enviando
para ello en la primera semana de gestión a la ministra del Interior. El
plan fue rechazado a balazos y una suerte similar sufrió el
subsecretario días después. En esa lógica el Gobierno decidió no renovar
el Estado de Excepción y propuso una “Estrategia para abordar el
conflicto”. Sin embargo, el aumento de acciones violentas en la
Macrozona Sur llevó al Gobierno pocos días después a decretar la
excepción constitucional, renovándola sin interrupción hasta la fecha.
De la estrategia y los 5 pilares (creación de una comisión, diálogos
territoriales, entrega de tierras, trabajo interministerial y desarrollo
de medidas de seguridad) al parecer nos olvidamos.
A
todos sorprendió que el Gobierno terminara apoyando el proyecto de
infraestructura crítica, principalmente porque es contrario a nuestra
forma de pensar. Es un proyecto rechazado cuando fuimos oposición, y que
siendo Gobierno cuestionamos su avance y nos restamos de su discusión.
La señal era clara y decidida hasta que, en forma improvisada y quizás
poco reflexionada, de la noche a la mañana el Gobierno respalda a través
de un veto el proyecto de Piñera. El apuro hace que la ministra Siches
presente el proyecto y al poco rato lo retire, para corregirlo y
volverlo a presentar. En el proceso la falta de trabajo prelegislativo
por parte del ministro Jackson se hizo evidente una vez más. De esta
forma parlamentarios oficialistas dividieron su apoyo votando muchos en
contra junto a la derecha. Entiendo la lealtad de los parlamentarios
oficialistas que apoyaron el veto, pero cubrir las deficiencias de seguridad interna no se soluciona con la militarización. Lo que se rechazó por convicción no se puede apoyar por conveniencia.
El
legítimo combate contra la violencia por parte del Estado tiene 2
ámbitos, uno Interior, a cargo del orden público y el combate a la
delincuencia en manos de las instituciones policiales, y otro exterior,
responsable de defendernos de un enemigo foráneo a cargo de las fuerzas
armadas. Hay instituciones distintas, con objetivos, vocación, formación
y reglas ad hoc. La policía debe respetar los derechos políticos y
civiles, mientras que las fuerzas armadas deben disuadir o matar al
enemigo. Es por ello que dar más herramientas de excepción, además de
las actuales, me parece un ataque al Estado democrático.
A
esta altura sería oportuno que se vieran planes y acciones concretos,
que den claridad de cómo va a proceder el Gobierno en La Araucanía y que
no estén improvisando o experimentando, apoyando proyectos contrarios
al orden democrático. Si el Gobierno del Presidente Gabriel Boric no
redefine sus opciones y planes difícilmente podrá avanzar en resolver
este conflicto.