Corría el mes de marzo del año 2018 y el segundo gobierno de Sebastián Piñera
daba sus pasos iniciales. El 21 de ese mes quien suscribe asumía el
cargo de Seremi de Justicia de esta región. Se había terminado a esa
fecha una larga pelea judicial con quien fuera mi empleadora, la
Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), donde ocupaba el cargo de Jefe
de Estudios de la Oficina de Defensa Laboral. Esta institución había
sido condenada en un procedimiento laboral que presenté. El acoso
laboral con el fin de despedirme de aquella Corporación había sido
feroz. Había razones políticas detrás del intento de defenestrarme de mi
cargo. Diría que era el único funcionario en Magallanes de esa
Corporación, que simpatizaba abiertamente con el gobierno que recién
comenzaba.
El
23 de marzo del 2018 cerca del mediodía, fui contactado por el jefe de
gabinete del Ministro de Justicia señor Hernán Larraín. Me comunicaba
que no perseverarían en mi nombramiento como Seremi de Justicia. El día
anterior los funcionarios de la CAJ encabezados por su presidente
regional recorrieron los medios de comunicación entregando un
comunicado. Por este hacían público un supuesto hecho que yo habría
cometido y que a su parecer, impedía que yo asumiera el cargo de Seremi
de Justicia. Esta situación causó revuelo y la prensa lo informó
profusamente.
Siempre tuve la convicción más absoluta del verdadero motivo
de la persecución de los funcionarios de la CAJ en esta región. Como a
la sazón conocía perfectamente el funcionamiento en la región de esta
institución pública, me parecía que requería cambios en pos de la mejor
atención de los usuarios. Pues bien, algunos no estaban dispuestos a que
se hicieran tales cambios. Debían entonces impedir que yo ejerciera en
propiedad la Seremía de Justicia, que supervisa precisamente a la CAJ.
Lamentablemente
el gobierno central no ponderó acertadamente los antecedentes e hizo
eco de las infundadas acusaciones en mi contra. Luego de mi
destitución, envié un correo electrónico al Ministro de Justicia
señalándole que ceder por motivos políticos entregando un cargo, traería
nefastas consecuencias. Obviamente no me escuchó. Sin embargo, el
tiempo sí me escuchó.
En
la causa Rit T-1-2022 caratulada “Cárdenas con Corporación de
Asistencia Judicial”, del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto
Natales, se puede leer textualmente lo expuesto por el demandante (se
transcriben extractos): “D.2.- Designación como Seremi de justicia a don
Hernan Ferreira Zeballos: situación ocurrida el año 2018 y en cuyo
contexto se procede a emitir un comunicado por mi persona en
representación de la Asociación de Funcionarios, en donde se daba a
conocer a la comunidad la posición de los Funcionarios de la Región
respecto de la designación como Seremi de Justicia de don Hernán
Ferreira…”. “…el principal precursor a que se adoptara la decisión de
realizar un comunicado público fue precisamente el Director Regional de
la Corporación motivado por el riesgo que sentía a su estabilidad
laboral de mantenerse la designación del Seremi de Justicia”.
Como
se puede apreciar, la motivación para denigrarme públicamente en marzo
del 2018, fue la que se lee en las líneas anteriores. Luego de ello, se
hizo un punto político al respecto.
Transcurridos
seis años desde los hechos que me afectaron, sale a la luz pública la
verdad de lo sucedido y de sus motivaciones. Todo esto relatado en
primera persona por el presidente de los funcionarios de la CAJ de
Magallanes. La verdad a veces tarda, pero llega. Justicia Divina.