Hace
unos días me preguntaron sobre las cuentas alegres que significó para
el Ministerio de Hacienda la caída de la inflación a cifras negativas.
¡Si! … Es una buena noticia que nos debe dar tranquilidad como país,
ya que aquello entrega estabilidad a las familias, en especial, a
aquellas con mayores niveles de vulnerabilidad.
No
obstante, el trabajo ha sido arduo y no ajeno a costos, tanto sociales
como económicos. Debemos recordar que gran parte del problema de la
inflación en nuestro país, se debió a nuestra clase política; y cuando
hablamos de clase política lo hacemos de forma general, sin colores ni
ideologías, pero bueno, eso es materia de otra columna.
Pues
bien, hemos indicado que las medidas planteadas por el Banco Central no
se encuentran ajenas a costos, de modo, que la pregunta que nos surge
es: ¿Cuáles son dichos costos?
Una
tasa de interés tan elevada como la que tenemos en Chile lleva a que
las familias resientan sus ingresos disponibles, en particular, aquellas
que tienen menos recursos y necesitan del endeudamiento. De tal manera,
la deuda por medio de créditos de consumo o créditos hipotecarios son
insostenibles para la mayoría de los hogares en Chile. Esta baja en los
ingresos disponibles y en la costosa posibilidad de endeudamiento,
provoca una caída en el consumo, llevando a que las existencias de las
empresas se vean en sobre stock, obligando a éstas a reducir sus
precios. Eso puede parecer una buena noticia, no obstante, para las
empresas no lo es.
Las
empresas poseen ingresos por ventas bajos, llevando a números rojos en
sus estados de resultados. En un escenario como este, se requiere
medidas concretas que ayuden a las empresas, y con esto no hablamos
solamente de grandes empresas, sino que de las PYMES que representan
cerca del 65% de los empleos formales en Chile. No se puede seguir
agregando peso a la mochila tributaria de las empresas, en especial, si
estamos ad portas de una recesión.
Pero
¿Qué ocurre en Magallanes? En nuestra región se requiere un
reconocimiento producto de las características de aislamiento que
poseemos y que nos llevan a una desigualdad territorial. Ahora bien,
este reconocimiento no puede ni debe ser un control de precios como en
algún momento algunas autoridades han solicitado, sino que más bien,
debe considerar la entrega de algún subsidio que permita corregir esta
situación y que permita que nuestras empresas regionales no recurran a
los despidos producto de la caída de sus ventas.
Esperemos
que nuestras autoridades en Magallanes estén a la altura y generen un
pacto regional, que permita que la descentralización no sea tan sólo una
palabra, sino que se materialice en hecho concretos.
Ya
no se requieren reuniones y seminarios de la Subdere -con galletitas y
jugo de naranja- donde escuchamos exponentes nacionales que nos vienen a
hablar sobre el concepto de la descentralización, sino que se requieren
acciones, como una baja del impuesto específico a los combustibles o un
subsidio para la canasta de alimentos que es más costosa que el resto
de Chile. Exijamos justicia territorial para Magallanes.