La
acusación constitucional al Presidente Sebastián Piñera logró lo que
aparecía imposible, la unidad de la centro-izquierda, transformándose el
Presidente en el niño símbolo que ocupa el lugar del general Pinochet,
curioso que la acusación haya generado este grado de adhesión por el
uso de las ventajas de los paraísos fiscales y no por la vulneración a
los derechos humanos en las jornadas de octubre. Lo cierto es que ahora
no se le está imputando ningún delito de lesa humanidad sino se está
cuestionando su probidad, la falta de decoro por obtener una franquicia
tributaria. O sea, una ventaja que no ha sido declarada ilegal ni
constituye delito, sino que el uso de un resquicio legal, esto es, haber
actuado en el limite de lo que la ley permite.
El
uso legítimo de la acusación constitucional es incuestionable, la
derecha política quedó paralizada, sin relato, más allá de cuestionar la
forma no hace una autocrítica de su propio comportamiento, su
incapacidad para tratar la cuestión previa o promover el pareo para
evitar todas las maniobras a que tuvo que recurrir la oposición para
obtener los setenta y ocho votos que necesitaba, incluyendo el
naranjazo.
Una
derecha que en el pasado cuestionó los resquicios legales, no tiene
autoridad para criticar a una oposición audaz que aprovechó el espacio,
el vacío de poder y la falta de contención de su Presidente al momento
de generar ganancias para sí y su familia, aunque para ello haya
expuesto el buen nombre de Chile y el prestigio de la máxima institución
del país al privilegiar a la familia, luego al amigo, dejando de lado
el interés de los además.
La
acusación introduce un juego peligroso, no delimitado, cual es, asumir
que la sanción política va más allá que el principio de legalidad,
exigiendo a nuestras máximas autoridades no sólo ajustarse a la ley sino
que a los siempre esquivos criterios éticos, dado que cabe preguntarse
¿Quién
que hubiera podido no habría aprovechado las ventajas de los paraísos
fiscales?. En circunstancias que estos fueron creados precisamente para
facilitar la captación de capitales generando ventajas tributarias. El
problema es que en Chile, se subió el estándar, lo que está permitido a
Julio Iglesias o a Shakira, no le está permitido al Presidente de la
República, si para ello ocupa el uso de sus facultades privativas al
suscribir un contrato.
El
naranjazo consiguió lo que en el pasado no obtuvo jamás la oposición
unida contra el Presidente Allende, por el uso de los denominados
“resquicios legales”. Luego, hoy no tiene autoridad para criticar a una
oposición unida que haciendo uso de una acusación constitucional ha
cumplido todas las formalidades que la Constitución exige. Así,
cualquiera sea el resultado en el Senado, se ha sepultado la imagen de
un Gobierno que demostró impericia e improvisación, que inclusive
recurriendo a la intervención de la autoridad sanitaria no logró parar
una acusación que empaña la entrega de la piocha de O’Higgins, después
del próximo once de marzo.
El
resultado en el Senado, aún con el voto de mayoría, no logrará salvar
la imagen de un Presidente, que sepultó lo que era el orgullo de la
derecha, y que simbolizaba el ex Presidente Jorge Alessandri Rodríguez,
se puede ser empresario, rico y político, pero intachable.