Los
vocablos auctoritas y potestas, provenientes del derecho Romano,
constituyeron la piedra angular sobre la que se asentaba el espacio de
los ciudadanos que construían social y culturalmente la ciudad, a partir
de sus intersubjetividades y ciudadanía.
Dicho
esto, desde la etimología de la palabra auctoritas, autoridad, se
establece que es un prestigio y reconocimiento entregado a determinadas
personas, tomando como base una serie de características morales,
intelectuales y experiencia, que las destacan del resto, o sea, es una
forma de legitimación social por su saber, valía o por el nombramiento
en un determinado cargo. Eso da atributos al auctoritas para ser
reconocidos por los ciudadanos, independiente de cómo haga ejercicio del
cargo.
Por
otra parte, la potestas se define como la fuerza que emana de la
legitimidad otorgada por la sociedad civil, y a su vez, es un poder que
se le atribuye normalmente a una autoridad. En otras palabras, la
importancia de la auctoritas y de la potestas es mayor en el rol de
dirección, en el ejercicio del poder.
Cuánto
poder y autoridad existe en nuestras figuras políticas nacionales y
locales. Es cierto que muchos políticos reafirman su autoridad en el
mismo ejercicio del cargo, otros no, pero es la auctoritas la que
permiten reconocerlos como tal en el ejercicio del poder.
Cuántos
políticos son capaces de mantener su prestigio y moralidad en el
ejercicio material del poder, en todos sus ámbitos, tanto público como
privado. Se reconoce que el poder fácilmente corrompe, por las
aspiraciones individuales y el egoísmo que en ellas se puedan dar.
Conservar los valores es lo que asegura ganar la auctoritas.
Sin
embargo, es un hecho que nuestros políticos nacionales han perdido
mucho de lo discutido, sobre todo cuando son muy jóvenes y carecen de
las características que los validen, que los legitimen. Ejemplo de ello
es nuestro presidente, quien tiene un inconveniente, entre sus mensajes y
su forma de comportarse pierde la auctoritas, trivializada por una gran
mayoría de la población los cuales desprestigian su imagen, cargo y
presencia.
Por
consiguiente, ahí reconocemos el primer problema. Sin dar cabida a la
auctoritas no se puede pasar al segundo plano, la potestas, el ejercicio
del poder. Y para ejercer ese poder no solamente hay que ser elegido
democráticamente, habilitando legitimidad al ser preferido por el voto
popular, sino que además debe ser respaldado por la auctoritas. Sin el
reconocimiento de la autoridad, en el fondo ese poder es totalmente
huérfano, generando inconsistencias en quien tenga el cargo, figuras de
poder vacías.
Al
final, pese a que es necesario, no siempre la potestas y la auctoritas
van de la mano con quienes habitan los cargos. En todos los estamentos
sucede, en los alcaldes, los gobernadores, en los otros representantes
municipales, el poder lo detentan estos cargos porque fueron elegidos
por mayoría de votos y eso no es discutible, es un ejercicio práctico en
el cual se le da una mayoría de votos a una persona para que habite un
determinado cargo, pero el problema radica en si tienen la auctoritas
suficiente, si se le reconoce su autoridad.
De
estos hay quienes obtuvieron el cargo por tener un talento político
especial o porque fueron los candidatos menos malos que se presentaron.
La disociación entre la potestas y la auctoritas, donde se obtienen
cargos sin tener el reconocimiento de la autoridad, es un escenario
habitual con todos los casos de corrupción que hunden a nuestro país,
una señal de la falta de valores necesarios para el ejercicio del poder.
Quien
ostenta el poder debe regirse bajo la auctoritas socialmente aceptada,
gobernantes, alcaldes, políticos todos, empresarios, etc. Por lo tanto,
invitamos a la ciudadanía a reflexionar, darles vuelta a estos dos
conceptos, buscar la auctoritas de los candidatos que se presentan para
así darle la potestas que necesitan, y generar una coherencia entre uno y
otro, para así poder hacerles exigencias más duras y más coherentes.