La
última encuesta CEP dada a conocer este jueves remeció el escenario
político y, más allá de las cifras que arrojó, evidenció que nuestro
país atraviesa una grave crisis institucional. Sin duda el principal
indicador que preocupa, aunque no sorprende, es el bajísimo respaldo que
tiene hoy en día el Presidente Piñera, quien obtiene un exiguo 9% de
apoyo, frente a un contundente 74% de rechazo. Un dato no menor es que
el trabajo de campo de la muestra no alcanzó a medir la decisión del
Gobierno de llevar al Tribunal Constitucional el proyecto del tercer
retiro que había despachado el Congreso, con lo cual, los guarismos
podrían haber sido incluso peores para el Mandatario.
Se
trata de una situación muy preocupante si consideramos que aún le
quedan por delante más de diez meses a esta administración, cuando nos
encontramos en medio de una pandemia que está lejos de terminar, con una
crisis económico-social de grandes dimensiones, con niveles de
desempleo al alza -en especial las mujeres- y ad portas de iniciar un
súper ciclo electoral
que inaugura el trabajo de la Asamblea Constituyente, que tendrá la
tarea de redactar la nueva constitución que nos regirá durante décadas.
No es poco.
Preocupa
también el hecho de que el Presidente pareciera repetir una y otra vez
los mismos errores. Desde el primer retiro la oposición e incluso su
propio sector, hemos señalado que la extrema focalización y el laberinto
burocrático al que son sometidas las personas para acceder a un
beneficio estaban generando altos niveles de malestar en la población,
lo que ha quedado demostrado con los implacables datos de la CEP. Hasta
ahora, no se ve una señal clara de que el Mandatario esté pensando en
alguna medida que lo conecte de verdad con la ciudadanía y podamos de esa manera navegar en aguas más tranquilas hasta el final de este período.
Pero
no nos engañemos, no es sólo el Gobierno el que ha salido mal parado de
la medición. Ante la consulta por los grados de confianza que le
generan ciertas instituciones, los últimos puestos los ocupan el
Congreso (8%) y los partidos políticos (2%). Se trata de un rechazo
absoluto a la denominada clase política de la cual yo también formo
parte. Como he dicho en esta misma tribuna y en innumerables
entrevistas, de manera permanente y consistente la gente nos ha visto
entrampados en peleas por espacios de poder que no le interesan a nadie,
en vez de abocarnos a los problemas reales de la gente, por lo cual no
podemos sorprendernos por este desprestigio.
Quizás
por lo mismo, según la encuesta CEP, un mayoritario número de
consultados (41%) no se sitúan políticamente ni en la izquierda ni en la
derecha, sino que en lo que podríamos denominar el centro, esa mayoría
silenciosa alejada de los extremos y de la furia irracional de las redes
sociales, pero que al final del día son quienes deciden las elecciones.
En
resumen, considerando los resultados de la muestra, queda en evidencia
que nuestra democracia se encuentra en uno de sus momentos de mayor
fragilidad desde que logramos recuperarla. La gente no cree ni en las
instituciones ni en sus dirigentes y parece instalarse una suerte de
individualismo que no se condice con los desafíos que enfrentamos, donde
los esfuerzos colectivos son decisivos. La primera responsabilidad sin
duda le corresponde al Gobierno y, en particular, al Presidente, cuyo
único legado posible a esta altura es garantizar niveles mínimos de
gobernabilidad en los diez meses que restan de su mandato.