La
consigna del Colegio de Profesores, que incita a marchar contra la
desmunicipalización de la educación, contra la privatización y porque
ésta retorne al Estado, es realmente esquizofrénica. La ley sobre Nueva
Educación Pública, fue promovida por el Colegio de
Profesores de Chile, celebrada como un logro, dado que el servicio
retornaba a la Administración del Estado, a la Dirección de Educación
Pública, a través de sus servicios locales.
Este
proceso iniciado bajo el Gobierno de la Presidenta Bachelet, colmaba
las expectativas del Colegio de Profesores, que además celebraba con
auténtico regocijo la importancia de la nueva carrera profesional
docente, como un estímulo económico y profesional que cambiaría sus
vidas, y en verdad así fue. El traspaso sería gradual, facultándose al
Presidente de la República, para establecer el cronograma por etapas, o
inclusive modificarlo por decreto supremo fundado y prorrogarlo hasta
el año 2025 o hasta el año 2030, previo informe del Consejo de
Evaluación de la Educación Pública.
Todo
sería miel sobre hojuelas, se respetarían los derechos adquiridos por
los trabajadores, que conservarían todos los beneficios de sus
respectivos estatutos o de sus contratos individuales y colectivos de
trabajo, en su caso. Ahora llegó el momento de cumplir, en un medio en
que por años ha existido sobredotación en relación con las pautas
técnicas que establece el Ministerio de Educación.
El
ajuste de personal o la posible fusión o cierre de establecimientos
educacionales y el términos de programas necesarios para la prestación
de servicios, que ahora serán ejecutados por los nuevos servicios
públicos era una consecuencia previsible, los gremios fueron
expresamente advertidos de la reducción de personal, y de las
consecuencias que tendrían los concursos públicos restringidos a una
planta más reducida, así como de las indemnizaciones comprometidas. Es
por ello que esta protesta es esquizofrénica, carente de sentido y de
orientación, en un proceso reglado, conocido y en el que participó el
Colegio de Profesores,
en diversas instancias y que estuvo presente inclusive en el acto de
aprobación de la ley, aplaudiendo desde las tribunas del Congreso.
Con
todo, nada de esto exime de responsabilidad a la Administración
Comunal, por su inexcusable falta de capacidad de anticipación y de
trabajo planificado, por no haber realizado una reducción gradual del
personal. Le asiste igual responsabilidad por la evidente falta de
ordenamiento en la dotación docente, y su ilegal determinación, pues
debió haber estado lista, publicada y ser conocida por las comunidades
educativas al mes de noviembre de 2020. Igual responsabilidad le asiste
por la excesiva discrecionalidad
con que ha resuelto la titularidad docente, dejando a muchos profesores
en la indefensión. También es responsable de haber perpetuado las
contratas, transgrediendo los máximos legales y contratando para el
desempeño de funciones docentes permanentes.
No
lo ha hecho mejor la autoridad regional de educación, al no constituir
las Comisiones Técnicas de Trabajo, de un modo formal, con actas y una
metodología de trabajo acorde a la ley, que considera la participación
de los trabajadores, tampoco ha difundido las evaluaciones del Consejo
de Evaluación de la Educación Pública, acerca de cómo han operado los
servicios locales que sortearon la primera etapa, y por cierto la
inexcusable pasividad de la Superintendencia de Educación que ha
brillado por su ausencia. Esto ha posibilitado que la carnicería
denunciada, no sea obra del traspaso establecido en la ley, sino que los
despidos se han originado con impunidad desde antes, en silencio y con
absoluta discrecionalidad, lo que obliga a rectificar la consigna para
que esta se corresponda con la realidad.
Una
prórroga es posible, se hace necesaria y requiere fundarse en la propia
ley, en un análisis comparativo de los resultados alcanzados por los
servicios ya traspasados, en los efectos de la pandemia tanto en las
evaluaciones como en el descenso en la matrícula, en el grado de
incumplimiento de las normas sobre titularidad y determinación de la
dotación docente, así como de la deuda previsional y de créditos
sociales, para todo lo cual se necesita que la Superintendencia de
Educación, cumpla su rol y nomine un interventor que con objetividad sea
parte y oriente el procedimiento de traspaso, porque la Cormupa, no
tiene el personal ni los recursos para asumir este proceso que requiere
de un gran esfuerzo administrativo.