El
acuerdo de La Paz del 15 de noviembre del 2020, como compromiso del
restablecimiento de la paz social y el orden público, así como el total
respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática, dio
origen a esta nueva institucionalidad del proceso constituyente con el
respaldo de representantes de los partidos políticos, con excepción del
Partido Comunista. La percepción de esperanza se plasmó con la consigna
“apruebo”, que recibió el 80% de las preferencias de los votantes para
definir una nueva Constitución para Chile. La puesta en marcha no estuvo
exenta de polémicas y un fuerte cuestionamiento al Ejecutivo, ya que
para muchos no existía un real compromiso con la instalación y
adecuación de los espacios; al poco andar observamos agresividad e
intransigencia, actitudes que lamentablemente fueron profundizándose en
las comisiones y plenos. A fines del año pasado se dio a conocer la
plataforma tecnológica que buscaba entregar mayor participación de la
ciudadanía en este importante proceso, esta se visualizaba como un
aliado al proceso, la tecnología permitiría dar continuidad a las
plenarias y encuentros de las comisiones aun con el distanciamiento
físico. En ese momento, respecto a este importante anuncio, el
constituyente Baradit (Distrito 10) expresó “Mecanismos de democracia
directa absolutamente inéditos, históricos, para que esta nueva
Constitución sea efectivamente producto de una amplia deliberación y los
sueños de todos y todas, para que, por primera vez en nuestra historia,
seamos todos y todas quienes decidamos que queremos para Chile,
nuestras familias y nuestros descendientes”. Se nos hacía creer que este
proceso se caracterizaba por ser democrático, pluralista y
transparente; Sin embargo, vemos que, por ejemplo, las “iniciativas
populares” fueron ninguneadas y rechazadas por la Convención, algunas de
ellas son: “Con mi plata no”, la que buscaba garantizar que los ahorros
previsionales de los trabajadores no les sean arrebatados y que puedan
ser heredados por la familia del cotizante. Otra fue la iniciativa
“Primero las víctimas”, redactada por Carlos Siri, dueño de la ex Fuente
Alemana, definía que el Estado sería responsable de resarcir todos los
daños y perjuicios que experimentan las personas afectadas por la
vulnerabilidad a su derecho a la seguridad ciudadana. Por otra parte:
“Deber preferente de los padres”, que pretende asegurar el derecho a la
educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los
padres de elegir la educación de sus hijos. Desde el punto de vista
económico hay dos iniciativas muy relevantes que también fueron
rechazadas: Una de ellas: “Libertad de emprender”, con el objetivo de
fomentar la libertad de emprender, hacer empresa en un ambiente de
estabilidad, con respecto a la propiedad privada, cuidando el medio
ambiente. La otra dice relación con: “Banco Central autónomo”, que tenía
como objetivo que la dirección del Banco Central no dependa del
Gobierno de turno, privilegiando una mirada técnica por sobre la
política, lógica que ha generado la estabilidad económica de nuestro
país y un respeto internacional que hoy para algunos no tiene mayor
relevancia.
Actualmente,
por medio de las encuestas se detecta un desprestigio y percepción
negativa de la ciudadanía que derivaría en un rechazo en el plebiscito
de salida. Más de alguno ha tenido el atrevimiento de argumentar que
esta baja se debe a la desinformación y una campaña de desprestigio
liderada por sectores de derecha, con todos los argumentos ya expresados
es evidente quiénes la han liderado.