El
proceso de transición a la democracia, expresada en Gobiernos de la
Concertación, en todo momento estuvo relegada por las reglas que
estableció el Dictador y sus colaboradores (Constitución del 80, leyes
orgánicas, senadores designados y vitalicios, sistema binominal, los
quorum supranumerarios, entre otros), en lo que se conoce como
democracia tutelada. En síntesis, lo que Jaime Guzmán planteaba: “La
Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se
vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo
anhelaría”. Es decir, siempre jugamos con el rayado de cancha y las
reglas de la derecha pinochetista, a pesar de las reformas del 2005.
Increíblemente
luego de que la ciudadanía entablara una larga lucha contra la
dictadura que permitió recuperar la democracia y últimamente una
revuelta social exigiendo derechos, justicia y dignidad, y luego de una
derrota histórica por parte de las fuerzas políticas progresistas (en
donde aún muchos evaden su responsabilidad) las fuerzas políticas con
representación parlamentaria acordaron un nuevo proceso constitucional,
pero esta vez con tantos cerrojos, que fácilmente puede ser catalogada
como constitución tutelada. Sea cual sea el resultado de la elección de
constituyentes en mayo, la nueva constitución ya fue acordada, ya fue
negociada, para que lo fundamental no cambie. El triunfo del
establishment y los mismos poderes de siempre.
Los
poderes rechazados por un 80% en el plebiscito del 2020 son los
paladines actuales del nuevo proceso constitucional. Serán los
parlamentarios quienes designarán la comisión de expertos que redactará
el borrador de la nueva carta constitucional, de acuerdo a los 12 bordes
(límites) previamente acordados entre derecha y oficialismo. El 7 mayo
se elegirán los Constituyentes según el modelo de las elecciones al
Senado (que usa el sistema binominal en 6 de las 16 regiones), el cual
siempre hasta ahora ha logrado un equilibrio relativo entre las fuerzas
polarizadas. Sin embargo, hay que aclarar que los constituyentes sólo
podrán aprobar o rechazar los artículos del borrador constitucional que
le será propuesto por el grupo de expertos designados. Si los
Constituyentes tuvieran la osadía de proponer algo distinto los quorum
son tan altos que difícilmente podrán ser aprobadas. Un Comité Técnico
de Admisibilidad velará porque no se sobrepasen los bordes
constitucionales pre-establecidos, porque los límites son restrictivos y
no hay derecho a sobrepasarlos. Sin duda la estructura del acuerdo está
hecha a conveniencia de la derecha, y su producto resultante sólo
logrará evitar las grandes transformaciones estructurales e impedir los
ansiados cambios que requiere el país.
Por
último y no por ello menos relevante, estamos a menos de un mes para la
inscripción de candidaturas para el Consejo Constitucional y el
oficialismo aún no define los objetivos para esta elección, es decir si
intentarán salir a ganar o intentarán reflotar la cohesión del Gobierno,
lo que los mantiene en profundo debate sobre si ir en una o dos listas.
Lo anterior redunda en que todos sus candidatos serán designados a
dedo, muy lejos de la aprobación de la ciudadanía.
No
basta que la constitución sea redactada en democracia y firmada por un
presidente electo, la constitución debe ser el producto y reflejo de un
proceso democrático, inclusivo y participativo, donde la soberanía
constituyente esté en manos de la ciudadanía. Por ello, más que un
acuerdo el proceso establecido entre la oposición y el oficialismo más
parece una capitulación.