El
desinterés de los gobiernos y parlamentos por las zonas aisladas deriva
de su menor peso electoral (Magallanes representa menos del 1% del
total de la votación a nivel país), resultante de la baja población y de
la emigración de su capital humano a las grandes ciudades. Y esto no es
un lamento que se venga dando desde hace un par de décadas, es una
constante que se repite en el tiempo y que siempre hay compromisos que
se adquieren para revertir esta realidad.
Así se explican las limitadas
franquicias e incentivos contenidos en las legislaciones especiales para
las inversiones privadas no sólo en nuestra zona, sino también en
Aysén, Palena, Arica y Parinacota. Esta falencia se intenta suplir a
veces con gasto público episódico y subsidios encubiertos, decididos
muchas veces centralizadamente y que no sirven para atraer inversiones
de particulares y para el desarrollo autónomo y sustentable de esas
regiones y equilibrado del país. Los últimos mandatos han acogido las
justificadas presiones regionales, manifestando una mayor conciencia y
señalando públicamente la postergación de las zonas extremas. Esto ha
derivado en mayores programas de inversión pública, el fortalecimiento
del Plan Frontera Norte, un nuevo impulso a la Carretera Longitudinal
Austral y a otras obras del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) para
establecer conexión en Tierra del Fuego.
Los frutos de estas iniciativas
comienzan a percibirse, pero subsisten los incordios de la falta de
incentivos, de infraestructura, la burocracia y los centralismos, que
dificultan la llegada de inversión privada significativa y un ejercicio
efectivo de la soberanía en las zonas extremas. A los privados no se les
compensa ni motiva para aumentar la inversión en la zona y deberemos
cobrar las palabras comprometidas. Ya advertimos retraso en los
proyectos de Magallanes. En fin, son muchas las necesidades regionales
por las cuales deberá luchar el nuevo gobernador regional.