El
pleno de la Convención Constitucional rechazó en general el jueves
recién pasado el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente,
Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico,
quedando su contenido en entredicho, con su revisión contra el tiempo.
El informe de 52 artículos contenía la definición de las aguas y su
gobernanza, ecosistemas prioritarios de preservación, modelo económico y
derechos humanos ambientales, entre otras materias relacionadas que
requieren una urgente y necesaria visión y normativa moderna.
Durante
todo el trabajo de la comisión han existido diversas tesis y visiones
ideológicas en la discusión, que han impedido construir una propuesta de
consenso. Existen diferencias sobre el rol que deben tener el Estado y
los privados, y los procedimientos administrativos relacionados a los
permisos y concesiones. Por ello la comisión ha sufrido serios
contratiempos con dos rechazos en el pleno de Convención a los informes
propuestos a la fecha. La falta de posturas comunes y de acuerdos entre
las fuerzas de izquierda de la Convención
gatilló que el último informe de la comisión no alcanzara los 2/3
requeridos, desatando una serie de reacciones desmedidas, apasionadas y
violentas de un grupo de constituyentes, intolerantes a la discrepancia y
a la discusión democrática. Una sobrerreacción con características de
matonaje, con insultos y descalificaciones, que busca, vía chantaje,
presionar a los eventuales oponentes para zanjar las diferencias y
cambiar sus posturas disidentes. Por suerte, esta conducta
antidemocrática ha recibido un repudio generalizado de la gran mayoría
de las fuerzas políticas, de parlamentarios y el propio Presidente de la
República. Sin embargo, para el trabajo venidero incorpora una enorme
fractura en la relación de convivencia
y trabajo entre los colectivos presentes en la Convención, que
esperemos no repercuta en el resultado final, ni en la percepción de la
ciudadanía.
Si
uno escudriña en las posturas del exabrupto del jueves pasado en la
Convención, podrá descubrir que hasta los que aprobaron el informe
concluían que este era deficiente y requería modificaciones. La
discusión entre los colectivos de la Convención oscilaba entre aprobar
en general el texto del informe para luego rechazar en particular una
serie de artículos donde no había consenso, eran poco claros,
contradictorios, mal redactados o ya eran parte de otros textos
aprobados por el pleno (reiterativos) versus rechazar el informe
completo para poder mantener el espíritu general que motiva la comisión y
los constituyentes vía la búsqueda de consensos mayoritarios. Había una
percepción generalizada de que había que corregirlo.
Subyace
en la discusión el concepto de nacionalización y expropiación.
Recordemos que el Colectivo Socialista y del Frente Amplio presentaron
una iniciativa denominada Dominio Público Minero, que propone el fin del
régimen vigente de concesiones para ser reemplazado por un sistema en
el cual sea un ente estatal quien otorgue concesiones administrativas
permanentes o temporales. La propuesta apunta a acabar con la perversión
en la cual las concesiones constituyen propiedad, y son objeto de
transacción, especulación o acaparamiento. Frente a esta propuesta hay
aún una diversidad de ideas que deben ser discutidas y aclaradas. Sin
embargo, la propiedad del Estado no es la piedra de tope.
Esperemos
que la nueva revisión del texto lleve a la Comisión a validar
principios altamente necesarios como la utilización racional de los
recursos, la protección del medio ambiente, la solidaridad
intergeneracional y el desarrollo sostenible.