El
inicio del proceso constituyente ha estado marcado por hechos y
fenómenos que hasta hace muy poco permanecían ocultos, invisibles para
gran parte de los chilenos, como el auge de los pueblos originarios y la
naturaleza de sus reivindicaciones, así como la irrupción de un mundo
poblacional que hoy se ve representado en la Convención Constituyente,
sin lugar a dudas la protesta social hizo que el gobierno del Presidente
Sebastián Piñera, pasara a la historia, aún contra su voluntad, como
el gobierno que ha permitido el cambio de época sellando el fin de la
Constitución de 1980 y con ella permitiendo el definitivo término de la
transición a la democracia tantas veces anunciado, pero siempre
imperfecto.
Las
reacciones no se han hecho esperar, descalificaciones,
cuestionamientos, pero por sobretodo expresiones que reflejan un
profundo desconcierto, incertidumbre y temor. Por cierto, la reforma
constitucional era una necesidad, se había convertido desde hace muchos
años en el símbolo de la opresión, se veía en ella más una Constitución
Económica que una Carta Fundamental, que recogiera y velara
efectivamente por los derechos de todos los chilenos. A esto se agrega
la interpretación constitucional y las restricciones que conformes al
texto estableció en reiteradas oportunidades el Tribunal Constitucional.
Así, los chilenos mayoritariamente internalizaron la convicción que
esta no proporcionaba el ámbito de protección que sus derechos
fundamentales ameritaban y constituía un obstáculo para sus
reivindicaciones.
La
historia de la experiencia constitucional se apartó sustancialmente del
texto, de las instituciones y transitó por carriles distintos, donde se
integraron emociones, temores, dudas y una profunda frustración
acumulada que detonó en la protesta social, ratificada en la elección de
constituyentes que en su composición se aparta en su inmensa mayoría de
los textos y técnicos jurídicos, constituyendo una amalgama de pueblos
originarios, trabajadores, pobladores e intelectuales, lo que resulta
del todo razonable pues un constituyente no tiene que ser
necesariamente un experto en derecho constitucional, sino que basta para
ello que sea un hombre o mujer chilena de buenas costumbres,
entendiendo por tales aquellas que hoy valida la práctica y la vida
social, apartada de toda expresión de fundamentalismo que no tiene
cabida en nuestro estadio de desarrollo cultural y social.
Los
auténticos temores no se expresan en todos los ciudadanos, sino que en
quienes defienden no sólo derechos sino que auténticos privilegios que
exacerban el derecho de propiedad y son percibidos como excesivos e
ilegítimos por la gran mayoría nacional, como el derecho al agua y el
estatus jurídico que se asigna al derecho de aprovechamiento de este
vital recurso por sobre las necesidades básicas de la población. Lo
mismo podemos agregar en materia de salud, educación o vivienda, donde
el problema no se resolverá con bingos o completadas. Entonces no es de
extrañar que los auténticos temores se expresen no en materia de
derechos fundamentales y sus instituciones sino que los valores y
principios que instalaron la Constitución Económica de Chile.
En
este contexto no es de extrañar que se provoquen desajustes o
expresiones que hasta poco se percibía ajenas al debate constitucional,
como una declaración para liberar a los presos de la protesta, porque
detrás se esta se encuentra la impotencia y la critica a instituciones
que no han estado a las alturas del conflicto social, por la lenta
tramitación de estas causas y el excesivo uso de la prisión preventiva.
La
Convención, se irá progresivamente ajustando y sólo cabe el optimismo y
la confianza, caso contrario en nada se contribuye, dado que finalmente
será en el plebiscito de salida donde aprobará o no la Convención.