Durante décadas nuestro país fue un país ejemplar en la lucha contra la corrupción, sin embargo, esa imagen se ha ido desdibujando por los diversos casos de corrupción que han afectado al país. Durante el último año esa imagen nuevamente volvió a desplomarse tras estallar el caso de corrupción del llamado “Caso Convenios”, el cual tiene al Ministerio Público, trabajando intensamente para dar con los responsables de querer defraudar al fisco.
Hay diversas Gobernaciones Regionales involucradas, algunas seremis de Vivienda y otras instituciones, quienes a vista de todos entregaron millonarias cantidades de dineros a instituciones que en vez de beneficiar a quienes realmente iban dirigidos esos recursos, terminaron beneficiándose a los mismos “socios” de las fundaciones.
Claramente los pasos correctos serán siempre aquellos que permitan sancionar los delitos cometidos y anticipar el accionar de los defraudadores. Chile está lejos de ser un país preventivo, Chile está lejos de ser un país en el que se actúa antes de que ocurran los hechos, lamentablemente en nuestro país actuamos una vez que ocurren las situaciones, gracias adiós se actúa y se logra aún detener lo que estaba pasando, no así como ocurre en otros países.
Sin embargo, debemos comenzar a trabajar como país para adelantarnos a los hechos, debemos actuar como país para que nuestras instituciones de fiscalizaciones realmente funcionen. La Ley de Delitos Económicos es un excelente paso inicial en el combate a las malas prácticas. Si bien incorpora un listado de delitos que se encontraban dispersos en distintos cuerpos legales, con esta ley pueden identificarse con un denominador común y reciben sanciones mayores, que reducen la asimetría que se percibía al comparar los crímenes de cuello y corbata con otro tipo de delitos de menor cuantía, aunque no los elimina absolutamente.
Para avanzar en la lucha contra la corrupción, se requiere que las auditorías internas y el rol de los auditores en las organizaciones sean adecuadamente ponderados. Es exagerada y equivocada la mirada de quienes ven en el auditor solo a un asesor tributario. Una mirada distinta de la labor de los auditores permitiría completar el círculo que aún no cierra respecto de la prevención de fraudes.
También, es necesario que las universidades tomen una posición de defensa continua y resuelta contra las malas prácticas, impulsando mallas curriculares que incorporen el debate ético en el aula, ejecutando actividades públicas de discusión, participando activamente en la dialéctica parlamentaria y asumiendo las responsabilidades que le corresponden.