Como
ocurriera con el caso del uso impropio de recursos fiscales que antes
involucró a algunos altos oficiales de Carabineros, a la Fiscalía de
Magallanes y Antártica Chilena ha correspondido llevar adelante la
investigación de lo que -al parecer- constituye otro caso de
malversación de fondos públicos, esta vez por parte el ex Director
General de la PDI, Héctor Espinosa. No obstante, a diferencia del caso
que antes afectó a Carabineros, además del propio Director General,
hasta ahora la investigación involucra a solo unos de los ayudantes del
señor Espinosa.
Más
allá que al ex director de la PDI le asiste -como a cualquier
ciudadano- la presunción de inocencia, lo concreto es que la
investigación en curso ha puesto en evidencia un estilo de vida suntuoso
que incluía, entre otros, una propiedad de 5.000 mts2 y una cancha de
tenis (que demandó millones de pesos de fondos del Fisco para satisfacer
los requerimientos de la familia y de los amigos del ex Director
General de la PDI). Esto, obviamente, contrasta con la sacrificada vida
de servicio y el estilo de vida austero de miles de funcionarios y
funcionarias que laboran a lo largo del territorio nacional.
El
señor Espinosa ha sido además incluido entre los oficiales generales de
la PDI y Carabineros que, no obstante la crítica situación financiera
de la Mutualidad de Carabineros, Mutucar, se beneficiaron con pingues
asignaciones en calidad de “consejeros”. La opinión pública está al
tanto que dicha entidad (financiada con los aportes de los mismos
funcionarios) está al borde de la quiebra.
La
situación del ex director general Espinosa se ha visto aún más
complicada por otras situaciones tanto de orden administrativo
(inmuebles en estado de abandono, chalecos antibalas vencidos o sin
certificación), como propiamente policial. En este último ámbito se
incluye la desgraciada muerte de una joven policía que, en acto de
servicio, parece haber sido víctima del disparo de un compañero en un
confuso procedimiento policial. Al respecto, llamó la atención que la
noticia sobre las circunstancias de la muerte de dicha joven funcionaria
se conocieran pocos días después de la entrega del mando de la PDI por
parte del señor Espinosa. Esto, a pesar que, por la gravedad de los
hechos, el resultado de los peritajes debió haber sido de su conocimiento.
En
diversos círculos se tiene la percepción de que similares
circunstancias explicarían la desafortunada muerte de otro joven
oficial, ocurrida durante el mal planificado (y peor ejecutado)
operativo en la comunidad mapuche de Temocuicui. Los resultados de esta
malograda operación (que involucró a cientos de funcionarios con un
costo financiero aún por determinar) produjeron una grave preocupación
por el daño causado al prestigio y a la moral institucional.
Todo
esto es lamentable, si se tiene en cuenta que la PDI ha sido pionera en
adaptarse no solo al sistema de gestión por resultados y cuenta
pública, sino que al haber aumentado las exigencias para el ingreso y la
formación continua de la carrera policial (ética profesional y derechos
humanos incluidos).
La
PDI es una institución de enorme importancia para la sociedad. Por
ello es de esperar que el Gobierno no solo exigirá la aclaración de
cuestiones pendientes que preocupan a la opinión pública (y a los
propios funcionarios de la PDI), sino que asegurará el apoyo político
necesario para que el nuevo director general, Sergio Muñoz, reorganice a
la brevedad su Alto Mando. El señor Muñoz debe contar con funcionarios
que garanticen un liderazgo probo y criterioso, que garanticen al país
que la PDI continuará elevando sus estándares de gestión, calidad y transparencia para cumplir con las tareas que le fija la ley.