La
delincuencia se ha tomado las calles del país y el Gobierno no ha hecho
nada. A diario vemos los noticiarios televisivos y nos atemorizamos de
lo que está ocurriendo. Y en Punta Arenas, cada cierto tiempo, hay
ilícitos que nos llevan a replantearnos cuán seguros estamos en la
capital de la Patagonia. Vemos
de frente a la delincuencia, ya nos pasó con el caso de los robos y
quemas de automóviles. La percepción de inseguridad aumentó y en ello no
hay un misterio. Hace unos años se implementó el plan Chile Seguro
2010-2014, con iniciativas para abordar el fenómeno de la delincuencia, y
los resultados fueron buenos: el porcentaje de victimización de hogares
cayó de 33,6% a 24,8% entre 2009 y 2013, lo que significó que más de un
millón 400 mil personas dejaron de ser víctimas del delito en ese
período. El temor de hoy es que hay un estancamiento en torno al 35%. Y
el robo con violencia e intimidación ha aumentado en nueve mil casos. Y
el temor a la delincuencia, que según
cifras de Paz Ciudadana, había caído hacia fines de 2013 a su menor
nivel en 15 años, hoy en 2022 ha vuelto a subir alcanzando un record de
31,1%. La pregunta de todos hoy es: ¿Por qué hemos retrocedido en los
últimos tres años? Tras el estallidos social el vandalismo y la
delincuencia se han normalizado absolutamente y eso se nota mucho en la
Región de Magallanes y Antártica Chilena, que antes estaba acostumbrada
a una apacible tranquilidad. Las acusaciones son muchas, pero hay una
coincidencia ciudadana en que falta prioridad, visión y consistencia en
las decisiones. La delincuencia no está entre las prioridades y sí una nueva Constitución, que poco dice acerca del derecho a la seguridad de cada uno de los ciudadanos.