En un país donde el 2% del territorio concentra
más del 40% de la población y el 100% de dos de los tres poderes del
Estado, las prioridades del esfuerzo debieran llegar a la concreción de
una real autonomía regional. La lista de espera a las demandas de la comunidad suele
afectarnos fuertemente, en especial a Magallanes. Es como si a
propósito nos dejaran para el último, por ser esa perdida región a punto
de caer del mapa. Esto redunda en la poca capacidad de toma de
decisiones que se les otorga a nuestras propias autoridades. En la
mayoría de los casos nuestros intendentes, seremis y hasta los
gobernadores provinciales tienen que levantar el teléfono y esperar un
visto bueno desde Santiago. Y eso debe tenerlo en consideración el reciente electo gobernador regional. Esa dependencia nos retrasa demasiado. Más aun cuando se trata de situaciones como la pandemia por coronavirus.
Hay que esperar, siempre hay que esperar. Nuestras autoridades demandan
mayor autonomía y competencias para acometer la labor de atender la
diversidad de prioridades que se manifiestan a diario en una extensa
región como lo es Magallanes y Antártica Chilena. Esa demanda que, en
ausencia de coordinación entre autonomía y traspaso de competencias para
ejercerla, se mantiene a la espera de ser satisfecha. La
descentralización orientada al desarrollo de las regiones requiere
actualmente en Chile un
incremento del poder tanto de los gobiernos regionales como de los
actores sociales territoriales. En nuestro país hay una insuficiencia
política y democrática en los gobiernos regionales que limita la puesta
en marcha de una política de desarrollo. Esta insuficiencia se puede
reconocer en el problema de las competencias limitadas y en el déficit
democrático tiene
una consecuencia de peso en la incapacidad de los gobiernos regionales
para generar procesos de integración social basados en la configuración
de una identidad territorial.