En diciembre del año
2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, en julio del 2008
nuestro país ratifico dicha Convención junto a su Protocolo Facultativo.
Estas acciones, ciertamente responden a un marco normativo que regula
la temática de discapacidad en nuestro país y propone una
institucionalidad que promueve la igualdad de oportunidades e inclusión
social de las personas con discapacidad.
Ciertamente
estas iniciativas han sido fundamentales para conocer y visualizar las
necesidades y demandas de estas ciudadanas y ciudadanos, e instalar en
el debate público las desigualdades que experimentan las personas con
discapacidad. Se calcula que 1300 millones de personas — es decir, 1 de
cada 6 personas en todo el mundo — tienen una discapacidad importante.
En nuestro país de acuerdo al III Estudio Nacional de la Discapacidad
del año 2022, existiría una prevalencia de 2.703.893 de personas mayores
de 18 años en esta situación, es decir, un 17,6% de nuestra población
adulta; en nuestra región según el mismo estudio hay 12.861, lo que
corresponde a un 9.3% de personas con discapacidad mayores de 18 años.
Definitivamente
estos datos son una interpelación para seguir desarrollando políticas
públicas que fomenten la inclusión social y erradicar cualquier
discriminación instaurada en la discapacidad.
Sin
embargo, la invitación que hoy queremos hacer no tiene que ver con la
institucionalidad o el rol del Estado, que por supuesto lo entendemos en
su responsabilidad como garante de Derechos Humanos; sino a revisar la
actitud individual que cada uno y una de nosotros presenta frente a la
discapacidad y a las personas con discapacidad. Somos conscientes de
cómo nos comportamos frente a una persona con discapacidad o que
acciones desarrollamos en nuestra cotidianeidad para incluir a esta
población “¿respeto sus estacionamientos, les pregunto si necesitan
ayuda al cruzar una calle y/o subir una escalera, realizo comentarios
inadecuados por desconocimiento, comprendo sus particularidades como las
de cualquier otra persona, uso un lenguaje adecuado, fomento y/o
participo en instancias de encuentro con ellos y ellas?” …
Cada
día como sociedad nos enfrentamos a situaciones y problemáticas más
complejas; el siglo XXI ha implicado un cambio de paradigma en
diferentes ámbitos, uno de ellos tiene que ver con cómo concebimos la
discapacidad y como los Estados se responsabilizan, garantizan y
promueven los derechos de este sector de la población, pero este cambio
paradigmático ha permeado nuestras consciencias individuales que se
transforman en prácticas colectivas y se instalan como rasgos
culturales, podemos decir, que ¿somos una sociedad inclusiva en donde
todas y todos los ciudadanos que cohabitamos este territorio gozamos de
las mismas posibilidades con equidad y sin discriminación social?.
La
inclusión social y la concientización de nuestras diferencias como
principios, promueven la generación de sociedades más democráticas,
inclusivas, tolerantes, justas y respetuosas… En tal contexto, y
siguiendo lo que señala Jim Abbott, que “la discapacidad no nos defina
como sociedad; sino que nos definan nuestro interés por generar una
sociedad libre de estigmatización, exclusión y discriminación, en donde
las personas con discapacidad experimenten una vida plena”.