Esta exigencia, no merecería comentario alguno sino fuera por el hecho que la Corporación Municipal de Educación de Punta Arenas, es mandataria del Ministerio de Educación. O sea, se entiende que presta un servicio educativo por encargo del Ministerio de Educación, de un modo irrevocable. No hubo, un traspaso o municipalización por ley, sino que en tanto órganos intermedios de la sociedad, los municipios suscribieron acuerdos voluntarios, conforme a un mandato tipo, cuyas estipulaciones fundamentales se establecieron por Decreto Supremo.
La Corporación Municipal de Educación, se constituyó con la finalidad de captar el apoyo de las empresas relevantes de la región, como institución de derecho privado, no existe norma alguna que la integre a la Administración del Estado, sino que se rige por las disposiciones del Código Civil.
La exigencia de una boleta de garantía, evidencia los absurdos propios de la burocracia, pues si prestara un servicio público o integrara la Administración del Estado, dicha exigencia carecería de sentido. La Boleta de Garantía es una caución que constituye un Banco a petición de su cliente llamado Tomador a favor de otra persona llamada Beneficiario.
Su objeto es garantizar el fiel cumplimiento de cualquier clase de obligación contraída por el tomador que no sea una operación de crédito de dinero. O sea, ¿qué debe caucionar la Cormupa? ¿Un misterio? El sentido de esta exigencia no es otra que la corporación tiene y ha tenido el mismo trato que un sostenedor privado, en estricto rigor sólo el análisis febril y altamente ideologizado puede arribar a la conclusión que la educación municipal es pública, no lo es en sus orígenes y a estas alturas de la crisis no tiene ninguna relevancia, en tanto las cuentas, remuneraciones y las imposiciones debe pagarlas como empleador.
El hecho que las instituciones privadas cumplan una finalidad pública no las hace mudar de naturaleza, esa es la razón de la famosa boleta de garantía que la Cormupa debe solventar con recursos propios. Es también parte del embuste de la llamada reforma educacional que no pasa de ser un cambio de empleador, un nuevo engendro que procura atraer recursos regionales no perder los aportes municipales y neutralizar a los trabajadores enviándolos al limbo, con la calidad jurídica de “funcionarios públicos”, de aquellos que no negocian colectivamente, no hacen huelga legal, ni constituyen sindicatos de empresa.
Todo en nombre del progresismo y del derecho fundamental a la educación o a la escolaridad, según se entienda, que comprende el derecho de promoción y de aprobación. O sea, queda claro, la Cormupa, debe caucionar los recursos como un privado, se le embargan sus recursos como privado, contrata como privado, pero es pública por su función. La tormenta perfecta, en que el Fisco de Chile, no responde como mandante y exige garantía del fiel cumplimiento de su encargo al mandatario. O sea, educación garantizada, gratuita, pero al final un asunto privado.