Aún cuando se aplique un
subsidio a la tarifa eléctrica para disminuir el impacto en el bolsillo
de los(as) consumidores residenciales, el alza de las tarifas de
energía eléctrica generará un aumento del IPC o “costo de vida” de cada
ciudadano(a) del país. Como el subsidio no llegará al negocio de barrio,
supermercados, industrias y en general al comercio, estos verán
incrementados sus costos, lo que subirá los precios de todos y cada uno
de los productos y servicios que se producen en el país, porque
finalmente ese costo lo asumimos los consumidores.
Frente
a este escenario, el Banco Central tendrá que estudiar muy bien su
estrategia con la Tasa de Política Monetaria (TPM), para mantener su
objetivo de variación del IPC en torno al 3% anual dentro de un
horizonte de mediano plazo, sin que esto signifique un deterioro en el
crecimiento, ya que ambos indicadores son de suma importancia para
avanzar en más y mejores empleos, mayor emprendimiento e inversión
nacional y extranjera y mayor justicia social.
Con
una tasa de desempleo que llega al 8.3% en el mes de mayo y con un
IMACEC del mismo mes que creció 1,1% en comparación con igual mes del
año 2023, lo lógico sería seguir rebajando la tasa de interés para
incentivar la inversión y el empleo, pero eso podría subir más el IPC, y
a su vez subir la TPM podría desincentivar la inversión y el empleo. En
este punto es donde debo clarificar que el problema no es solo del
Banco Central, sino que de los poderes del Estado. Frente a este
escenario, donde TPM y crecimiento-empleo parecen ser antagonistas
dentro de la estrategia del Banco Central, es que se requiere que uno de
estos factores lo asuma como propio otro poder del Estado, generando
las condiciones para concretar otros incentivos que no sean el valor del
dinero hoy, sino que el valor de la inversión y de su retorno o
beneficio en el mediano y largo plazo. Esto porque para un inversionista
extranjero (que trae sus lucas de afuera) la TPM podría no ser tan
importante como la permisología y las reglas claras. Cómo somos un país
eminentemente minero-extractivista, y que nuestra área de influencia es
el Asia-pacifico, vale la pena compararnos en estos factores con
Australia y Perú, En Canadá los permisos se demoran días, en Perú meses y
en Chile años… si nos comparamos con los vecinos del Atlántico, la ley
de bases Argentina está levantando el interés de muchos inversionistas
extranjeros por invertir en ese país.
Frente
a este escenario es que se debe pedir al ejecutivo y al legislativo un
acuerdo para concretar una “ley de inversión express”, que permita una
ventana de dos años para el ingreso de proyectos de inversión, y que el
Estado tenga un plazo máximo de 3 meses para entregar un listado de
medidas de mitigación de los posibles impactos ambientales, y permitir
que las empresas interesadas obtengan la aprobación de los respectivos
concejos municipales y las agrupaciones de pueblos originarios, con el
objetivo de concretar las inversiones en un plazo no superior a 6 meses.