En
un país donde el 2% del territorio concentra más del 40% de la
población y el 100% de dos de los tres poderes del Estado, las
prioridades del esfuerzo debieran llegar a la concreción de una real
autonomía regional. La lista de espera a las demandas de la comunidad
suele afectarnos fuertemente, en especial a Magallanes. Es como si a
propósito nos dejaran para el último, por ser esa perdida región a punto
de caer del mapa. Esto redunda en la poca capacidad de toma de
decisiones que se les otorga a nuestras propias autoridades. En la
mayoría de los casos nuestros delegados presidenciales, seremis y hasta
los delegados provinciales tienen que levantar el teléfono y esperar un
visto bueno desde Santiago. Y eso debe tenerlo en consideración el
gobernador regional. Esa dependencia nos retrasa demasiado. Más aun cuando se trata de situaciones como la pandemia por coronavirus.
Hay que esperar, siempre hay que esperar. Nuestras autoridades demandan
mayor autonomía y competencias para acometer la labor de atender la
diversidad de prioridades que se manifiestan a diario en una extensa
región como lo es Magallanes y Antártica Chilena. Esa demanda que, en
ausencia de coordinación entre autonomía y traspaso de competencias para
ejercerla, se mantiene a la espera de ser satisfecha. La
descentralización orientada al desarrollo de las regiones requiere
actualmente en Chile un incremento del poder
tanto de los gobiernos regionales como de los actores sociales
territoriales. En nuestro país hay una insuficiencia política y
democrática en los gobiernos regionales que limita la puesta en marcha
de una política de desarrollo. Esta insuficiencia se puede reconocer en
el problema de las competencias limitadas,
y en el déficit democrático tiene una consecuencia de peso en la
incapacidad de los gobiernos regionales para generar procesos de
integración social basados en la configuración de una identidad territorial.