Tras
el estallido social, la Lista del Pueblo se presentó ante la
indignación ciudadana con un mensaje y una estética que intentaba hacer
suyas las demandas que, por las buenas y por las malas, muchos llevaron a
las calles, con marchas pacíficas muchas veces, pero también, en muchas
otras ocasiones, con barricadas, bombas molotov, incendios y graves
ataques a la propiedad privada y la fuerza pública.
Era,
a su modo, un intento de refundación de la política y de nuestro país,
que apostaba por una premisa tan vendedora y seductora, como cruel e
inaceptable: debido a que sus integrantes provenían del pueblo, que eran
independientes y podían decir “soy uno de ustedes”, podían también
hacer lo que quisieran, decir lo que quisieran, avalar lo que quisieran.
La
libertad de los detenidos a raíz del estallido social, muchos
condenados y otros procesados por graves hechos de violencia ocurridos a
contar del 18 de octubre de 2019, se convirtió en uno de los
principales objetivos de este movimiento. De hecho, ese fue el mensaje
que la Lista del Pueblo llevó a la Convención desde el momento mismo de
su instalación aquel 4 de julio, con tal violencia que, por poco, hace
fracasar la ceremonia inaugural.
Primero,
los llamaron “presos políticos”, pero la impostura de esa frase era tal
que incluso organizaciones internacionales como Human Right Watch
precisaron que “en Chile no hay presos políticos”, pues ninguno había
sido detenido por escribir o decir algo ilegal, sino en todos los casos
por estar presuntamente involucrado en graves hechos de violencia, a lo
largo del país. En Punta Arenas, estas manifestaciones terminaron en
episodios tan graves como el incendio de las sedes de las AFP Cuprum y
Modelo, así como diversos locales comerciales, en la esquina de Colón
con Bories.
Y
sin embargo, para los integrantes de la Lista del Pueblo y gran parte
del arco político nacional, estos actos de destrucción apenas si fueron
condenables y menos, dignos de ser perseguidos por la justicia.
Los supuestos “presos políticos”
pasaron a llamarse entonces en “los presos de la revuelta” y los
grafitis que claman por su libertad inundan las paredes de todo Chile,
incluido el centro de Punta Arenas.
En
un país destrozado en sus estructuras morales, debido al descrédito
generalizado de sus instituciones, proceso acelerado aún más por la
fulgurante velocidad y violencia de las redes sociales y la
transparencia informativa de la tecnología digital, la clase política
tradicional, simplemente, ha sido avasallada y pasada a llevar por la
fuerza de los movimientos sociales que, voz en cuello, buscaron
aprovechar el vacío de poder ocasionado por el (des) gobierno vergonzoso
de Sebastián Piñera.
“Soy
uno de ustedes, tengo derecho a hacer y deshacer”, se convirtió en una
suerte de aura mágica que le dio una potestad totalitaria aterradora a
todo aquel que pudiera enarbolar con un mínimo de credibilidad, la
bandera del “pueblo”.
Y
es que detrás de palabras llenas de odio, envueltas en el papel celofán
de la igualdad y el discurso políticamente correcto, veo un profundo
totalitarismo ajeno al diálogo de toda democracia, cuyas consecuencias
empiezan a desnudarse cada vez más.
Con semejante base moral, lo ocurrido con la Lista del Pueblo en las últimas semanas, tristemente, no podía sorprender.
Primero,
fue la inscripción fraudulenta de 25 mil personas para apoyar una
candidatura presidencial casi impuesta por la cúpula del movimiento, con
el timbre y firma de un notario fallecido.
Luego,
vino el episodio de Rodrigo Rojas Vade, quien descaradamente le mintió a
los votantes diciendo que tenía cáncer, apropiándose así, sin derecho
alguno, de las aspiraciones y dolores de tantas personas que sufren esa y
otras crueles enfermedades, para llegar al poder.
Más
tarde, se conocería que un grupo de constituyentes, otra vez de la
Lista del Pueblo, se negó a darse de baja del Registro Social de
Hogares, a pesar de tener un ingreso de más de 2,5 millones de pesos, el
cual sin embargo consideran insuficiente, pues una y otra vez, han
pedido su aumento.
El repudio o, al menos, la decepción, han sido transversales.
“No
se puede cambiar la política adoptando sus mismos vicios”, diría el
presidente regional del Partido Socialista, Juan Marco Henríquez.
“Habiendo
tanta gente que está sacándose la cresta por generar una democracia que
reconozca derechos hoy inexistentes, esto le causa un daño al proceso
constituyente”, diría el candidato presidencial del Frente Amplio,
Gabriel Boric.
“Son hechos de extraordinaria gravedad política y jurídica”, condenó a su vez el constituyente Rodrigo Álvarez Zenteno.
Elisa
Giustinianovich se limitó a adherir a una declaración de la convención
que dice: “Lamentamos profundamente lo ocurrido con Rodrigo Rojas Vade y
empatizamos con el dolor que esta situación ocasiona”.
Incluso,
quienes apoyaron activamente el movimiento, hay decepción. “Creí y
fuimos varios. Hasta la Constituyente íbamos bien. Cuando la LDP (Lista
del Pueblo) se las dio de partido político y quiso conseguir presidente,
empezaron los mismos problemas que todo partido político tiene.
#Ambición, #sed de poder, #mentiras”, escribió la actriz Sigrid Alegría.
Pero
los integrantes de la Lista del Pueblo, los que siguen en ella y los
que se fueron, aún constituyen un sexto del total de la convención y no
son pocos los que en otros partidos y colectividades al interior de
ella, comparten, su condescendencia con el odio y la violencia,
expresada además en amenazas y funas que se resisten a condenar.
Si
la Convención no toma conciencia de la profunda gravedad de estos
hechos y no se logra restablecer los principios básicos del diálogo
democrático y el valor de la libertad por sobre la ambición del Estado,
no vaya a ser cosa que la futura Carta Magna nos lleve un día a emular a
esas multitudes alemanas que en 1939 gritaban: “Ein Reich, ein Volk,
ein Führer”, (Un imperio, un pueblo, un líder).