Cuando
hablamos de derechos, muchas veces no calificamos la importancia de su
contraparte: los deberes. Mientras los primeros son garantías que las
constituciones de todos los países aseguran a sus habitantes por el
hecho de ser hombres y vivir en sociedad, los deberes son las
responsabilidades que debemos asumir como retribución a los derechos.
Muchas veces nos quedamos en exigir lo primero y nos olvidamos de los
deberes.
Nuestra
sociedad chilena está enfrascada en un nuevo concepto constitucional y
los llamados a redactarla deben hacer la conciliación de los dos grandes
bastiones sobre los que se deberá estructurar. Para llegar a los
acuerdos necesarios, en una situación de pandemia atroz, con una
economía debilitada al máximo y donde los ahorros de la ciudadanía están
siendo consumidos como células cancerígenas, es necesario llegar con
una verdadera vocación democrática que debe traducir el sentido inicial
de lo que significa “bien común” (el proceso por el que los ciudadanos
acuerdan formar una sociedad que consideren justa y que promueva el
bienestar de todos. Si bien es instrumental para el bienestar de los
individuos, es el objetivo final de la vida en sociedad).
Para
ser fiel representante de esta búsqueda, lo primero es la inspiración
de generosidad y empatía que debe tener el ser humano y que en los
constituyentes deberá ser de un énfasis superior. La moral es diversa,
pero aspiraremos a que las decisiones que se promuevan y debatan estén
ajenas a visiones sesgadas por intereses económicos o políticos egoístas
que la puedan atentar.
Entrar
a analizar la funcionalidad del bien común nos lleva obligadamente a
circunscribir su real dimensión. Cuando uno se niega a reconocer un
derecho de un tercero o de una comunidad e impide su fortalecimiento,
está necesariamente atentando contra ello, salvo que su conceptualidad
racional o formación familiar o política le lleve a esa posición.
Entonces es necesaria la búsqueda de la empatía, la que debe llevar a
escuchar razones, a entender y hacerse parte de los sentimientos que
están detrás de una propuesta, por más absurda o atentatoria que pueda
resultar a sus propios intereses. El convencimiento de una determinada
postura deberá hacerse con esa mirada, donde el rol de cada
constituyente debe estar centrado a exponer y convencer u oír y
convencerse y no rechazar por principios ideológicos lo que se pueda
llegar a plantear. Será la única manera de avanzar y alcanzar un
resultado concreto.
No
todo lo que se aspire agregar será necesariamente bajo el paraguas de
este concepto, pues para ello habrá debates, asesores, estudiosos y
muchísimas discusiones que se armarán en los medios de comunicación para
darles sustento a las determinadas posturas que se enfrenten. Dicho de
este modo, no será el resultado de un cuestionamiento individual de los
155 llamados a redactarla, sino de los aportes de todos aquellos que no
logren ser electos, de las asambleas ciudadanas o cabildos que se
llamarán para analizar cada tema a tratar y la participación necesaria
de académicos que orientarán el debate para restringirlo de los
extremos.
De
esta manera, el concepto de bien común asignará preferencias a los usos
sociales y culturales frente a la lógica propiamente económica del bien
individual a discutir. Un uso descontrolado podrá desgastar el
concepto, y consecuentemente la seguridad, el bienestar y el desarrollo
sostenible de la población humana a la cual estaremos llamados a
representar y proteger.