El gran desafío del gobierno del presidente Boric, a causa del aumento de los disturbios
y actos delictivos a nivel nacional, es garantizar el orden público y
mejorar su relación con la fuerza policial. Sin duda, estas se han
vuelto tareas fundamentales para tener gobernabilidad, porque llevamos
ya un año con desmanes, reclamos por asaltos en la carretera, encerronas
sin control en la ciudad, y la sombra del narcotráfico amenazando tomar
el orden público a la fuerza.
Sin
embargo, hay que recordar que el presidente se identifica ampliamente
con los movimientos sociales, quienes politizan su descontento con
protestas, desmanes y luego critican el accionar de las fuerzas
policiales por el control de estas. Como presidente de la Federación de
Estudiantes de Chile (Fech), en compañía de Giorgio Jackson y Camila
Vallejo, tras una de las marchas por una educación pública, gratuita y
de calidad, acabaron siendo protagonistas de una contención policial en
donde fueron fuertemente reprimidos, golpeados, mojados y detenidos.
Irrecusablemente, el presidente, sus ministros y coalición de gobierno,
ven a la policía como represores.
Allí
radica la mala sensación entre la policía y esta administración, puesto
que nuestro presidente Gabriel Boric, aún siendo diputado exigía
“refundar Carabineros ahora”, planteando la necesidad de hacerles
cambios profundos y radicales. Sin ir más lejos, al ser electo, esta
iniciativa era parte principal de su programa de gobierno.
En
la actualidad, esto no acaba por ser una relación política sana,
coherente e institucional, porque ni unos ni otros se ven como
interlocutores válidos.
Se convierte en un problema ético y una contradicción vital de ambas
partes, puesto que carabineros e investigaciones deben cumplir su
cometido, que es cumplir el estado de derecho y el control del legítimo
uso de la fuerza, mientras son mandatados por quienes reprimían hace
unos años.
Esta
es una situación difícil que se repite de nuevo, aunque de otra manera,
no tan trágica. Esa desconfianza de instituciones es lo mismo que
ocurrió en el año 1970 cuando llega la Unidad Popular al gobierno, donde
carabineros e investigaciones deben asumir la tutela de quienes en el
periodo anterior realizaban las protestas e incentivaban las
movilizaciones sociales, alterando el orden público.
El
orden público es totalmente esencial en nuestro día a día. Es el ideal
en todo sistema de gobierno y sociedad que se respete, convivir en paz y
armonía con las leyes que dictan las comunidades. Muy a pesar de este
ideal, los grupos más jóvenes y anarquistas existentes en nuestra
idiosincrasia lo aplican bajo su ideal político, así como comunidades de
reivindicación mapuche y otros movimientos que accionan, llevando a
extremos que no son válidas en el concepto jurídico, ni mucho menos en
el político como lo distinguimos en la constituyente donde no existió
capacidad de grupos progresistas de generar un sistema jurídico y legal
coherente que respalde este tipo de movilizaciones.
Tampoco
olvidar la criminalidad, que escapa a cualquier discurso político o
ideal reivindicatorio, pues solo obedece al interés delictual. Esta sin
más debe ser aplacada bajo las normas del orden público, con la fuerza
permitida por las leyes y representada por las instituciones de orden.
Es
por el bien de una sana convivencia y orden cívico, que el conflicto
entre la autoridad y las fuerzas del orden público es tan aflictivo,
porque ante los disturbios o crímenes debe existir un órgano a la altura
para frenarlo. Aquí una de las partes o las dos partes deben entender
que no se puede redundar en esta historia, en el que ambos deben
validarse y entender que todos somos parte del Estado. Quienes ahora
están en gobierno y que fueron oposición, deben hacer el esfuerzo por
dar credibilidad a las instituciones desprestigiadas. Y estas fuerzas de
orden deben crear medidas para no abusar de las personas y mantener a
raya la corrupción que las entorpece. Todas estas dificultades deben ser
superadas para mantener la estabilidad política e institucional y un
estado de derecho que se está viendo sobrepasado y deslegitimado.