Una
alta y transversal molestia provocó entre la comunidad magallánica la
campaña lanzada por un grupo de supuestos defensores de los derechos
humanos en favor de la liberación de detenidos
por desórdenes, saqueos, destrucción y vandalismo con posterioridad al
18 de octubre del año pasado. Estas agrupaciones anhelan impulsar
proyectos de ley con los que se quiere establecer reparación a las
víctimas y amnistía para los denominados “presos de la revuelta”. Esto
generaría un pésimo precedente respecto de la inimputabilidad que está
teniendo la delincuencia en nuestro país y de la que a diario muchos
somos víctimas. En la Región de
Magallanes y Antártica Chilena ya nos estamos acostumbrando a hechos que
antes no ocurrían. Pero la mayor sorpresa es que, en estas pandillas,
también actúan muchos niños que no son imputables ante la justicia por
los delitos cometidos y que actúan con el máximo de frialdad y precisión
en estos atracos. Tras el estallido social, la mayoría de la
destrucción y vandalismo en el centro de punta Arenas fue protagonizada
por jóvenes encapuchados que hoy gozan de plena libertad. Los estudios
revelan que la mayoría de los delincuentes que roban, asaltan personas,
casas habitadas o deshabitadas, lo hacen por la necesidad de obtener
recursos económicos para adquirir drogas para su consumo habitual, pero,
también las estadísticas informan que muchos niños y jóvenes delinquen
por acostumbramiento de experiencias adquiridas de sus propios
progenitores, que han hecho de sus vidas una escuela del delito y así,
se van transmitiendo estos conocimientos y habilidades delictuales de
generación en generación. Desde hace casi una década en Punta Arenas, la
intranquilidad nocturna se ha apoderado de la población. Hoy la
ciudadanía espera y con justa razón, que algún día haya más tranquilidad
en las calles y plazas de nuestra hermosa ciudad. Hay que implementar
planes y estrategias eficientes que permitan disminuir esta guerra
desatada que estamos presenciando a diario y que no nos permite vivir
tranquilos.