El
inicio del nuevo proceso constituyente, con seguridad, reanimará el
debate acerca de cual debe ser el rol del Estado en la educación, ante
una crisis que es evidente y que se manifiesta entre otros aspectos, en
la oferta inorgánica de carreras y títulos que tras largos años de
estudios no cumplen con las expectativas de desarrollo personal y
proyección social que aspiran los alumnos y sus familias. Es efectivo
que el sistema de administración municipal requería de una revisión
integral. Con todo, el remedio ha sido peor que la enfermedad, los
Servicios Locales de Educación, donde se han implementado han sido un
fracaso, que han traído consigo nuevas formas de incumplimientos masivos
de los contratos de trabajo, ajustes de dotación e incumplimiento
previsional.
Esto se debe, a que lo hecho no se ha ajustado a métodos estrictos de
análisis de la realidad , sino que ha primado, desde sus inicios, el
prejuicio, el voluntarismo y el dogma sobre materias que no dicen
relación con la sociedad chilena y los cambios profundos que ésta ha
experimentado bajo el modelo social de mercado, en que ha surgido una
clase media distinta, aspiracional, que no niega la competencia en ésta u
otras materias, que no es contraria a la selección, por mérito y en
tanto ésta no sea arbitraria, así la colaboración que alguna vez existió
entre universidades, institutos o establecimientos educacionales, hoy
no existe, o tiene un espacio al menos reducido, prima entre ellos la
competencia, y no puede ser de otro modo, pues se juega cada uno la
viabilidad de su proyecto educativo, cuando no, su subsistencia como
institución. En este contexto, carece de sentido y no deja de ser una
expresión de deseos, sostener que entre establecimientos con distintas
modalidades de administración no existe competencia, o que ésta se puede
suprimir por ley, eliminando el lucro para evitar la segregación. En
realidad, en una sociedad de mercado con énfasis en lo económico y donde
lo social es lo único subsidiario, prima la segregación, la brecha no
se supera ni con deseos ni por decreto, ésta resulta ineludible,
insuperable, una utopía, la cual es mejor abandonar en el corto plazo,
para invertir progresivamente en favor de los sectores más carenciados
de la sociedad, dado que en realidad el sector subsidiario debe ser el
particular, con lucro y selección inclusive, de ser preciso, y si así lo
aceptan libremente los padres y apoderados. Esto no importa atribuir
un disvalor al rol del Estado en la educación, que no puede en esta
materia tener un rol subsidiario. Con todo, ello no nos faculta para
desconocer la realidad, los malos puntajes, el mal rendimiento que no se
supera modificando cada cierto tiempo los sistemas de medición.
La prohibición del lucro y la selección, así como la tómbola para
postular a un establecimiento educacional no han contribuido en nada,
más bien han sido como la ley seca, ha estimulado el consumo, postergado
la educación pública y ha terminado siendo un formidable estímulo para
la educación particular de alto costo o particular subvencionada, pues
los padres no están disponibles para continuas reformas, experimentos
pedagógicos o sociales, y buscan aquellas instituciones que les otorguen
mayores garantías de estabilidad, seguridad y rendimientos, dado que
al final, cada cual, de acuerdo a sus posibilidades escoge a las
instituciones que les otorguen mayores garantías y estabilidad. En
definitiva, la opción por el establecimiento y su proyecto educativo es
una relación de confianza, y ésta se ha perdido, no se recupera con el
igualitarismo de la tómbola ni con discursos altisonantes, cuando al
final del día esos defensores de la educación pública, conocedores de
sus debilidades, optan para sus hijos por el establecimiento de la
vereda de enfrente.