El
problema del vandalismo se ha salido de control. No sabemos si la
delincuencia ve al gobierno anémico y aprovecha esta oportunidad para
emerger a hacer desmanes y no subordinarse a la autoridad como
corresponde, o es una coincidencia el alza en la tasa de criminalidad
con el actual periodo del presidente Boric, ayudando a esta sensación la
amplificación en la cobertura de los medios de comunicación. Lo que si
tenemos claro es la lentitud de reacción en tomar políticas al respecto,
tanto para la presente dirección del país como la anterior, dejan
desprotegida a la ciudadanía.
Para
remediar esta crisis, el presidente Gabriel Boric en una de sus giras
en el mes de julio del pasado año por la región de Arica y Parinacota,
anunció el Plan Nacional de Seguridad Publica y Prevención del delito,
cuya finalidad busca proteger y acompañar a las víctimas de delitos,
persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de
espacios públicos. Seguidamente encabezó el primer Consejo nacional de
Seguridad Pública para el periodo comprendido 2022–2026, en donde
propone 30 medidas específicas para la gobernanza y el fortalecimiento
institucional.
Sin
embargo, esta agenda o mesa de seguridad de compromiso transversal se
vio interrumpida a raíz de los polémicos indultos a 12 reos del
estallido social y del exfrentista Jorge Mateluna. Que duda nos cabe, la
inexperiencia y la simplicidad con la que esta administración maneja el
discurso de seguridad complican aún más su desempeño con estas
decisiones, manufacturando un problema aún más profundo en el control
del delito.
Ahora,
el gran problema es que para que se reestablezca esta mesa de seguridad
tiene que existir confianza entre todos los sectores del sistema
político para ponerse de acuerdo, confianza que el gobierno
circunscribió con los indultos otorgados. Obviamente, la oposición tuvo
una clara disposición a dificultar la tarea, porque ese es su trabajo.
Los primeros en cuestionar la medida públicamente fue la bancada de
diputados de la UDI. Luego le siguieron Renovación Nacional y Evópoli,
quienes inmediatamente se restaron criticando duramente la señal.
Todos
ellos se eximirían de la negociación hasta que el gobierno de pie atrás
en estas medidas, argumentando que el gobierno está indultando
delincuentes justamente el día después de que
los invitara a conversar sobre temas de seguridad. Por consiguiente,
hasta el momento las conversaciones con la oposición están en tiempo
muerto. Aunque ellos reiteran al ejecutivo que ingrese al Congreso los
proyectos de ley respectivos para rectificar las decisiones tomadas.
Eliminando los indultos, ellos retomarían las conversaciones.
Por
su parte el gobierno lo ve como un chantaje, como excusas para no
sentarse y entorpecer su gestión. No hay que engañarse, esto es
ciertamente un chantaje. También no es menos cierto que se requiere
solucionar el problema de seguridad como prioridad. El tema radica que
un gobierno en una materia tan delicada debe dar señales importantes y
esos vestigios fundamentales no incluyen indultar a ningún tipo de
delincuente. Y eso es precisamente lo que hace el gobierno en el primer
día después que anuncia la mesa de seguridad.
En
consecuencia, el retraso en implementar medidas afecta a todo el
sistema. El gesto desconoce el sufrimiento de las víctimas y de la
comunidad que se ve afectada. En cuanto a las policías, dónde queda su
trabajo de investigación para encarcelar a los delincuentes.
Evidentemente, no puede haber diálogo por estas torpezas políticas, con
estos mensajes equívocos. Esta es una de las patas de la mesa de
seguridad a la que no se atiende, a los gestos necesarios para generar
confianza.
Finalmente,
por la postura de ambos lados podemos decir con toda franqueza que esta
mesa de seguridad se va a quedar tal cual como está, por la tozudez y
el cálculo político que nos supera. Se entiende abiertamente la urgencia
política de este momento, la emergencia de la seguridad como respuesta
fundamental en todo el país. La ausencia de medidas se está comiendo la
agenda, e inclusive el futuro proceso constituyente y eso no es buen
negocio para el gobierno.