Los datos que emergen
del estudio realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la
UDP son alarmantes, revelando que la mitad de los trabajadores
informales en Chile son dependientes, es decir, tienen jefes que les
exigen cumplir con horarios laborales y acatar indicaciones. En el
primer trimestre de este año, 1.2 millones de trabajadores informales
mantienen dicho vínculo de subordinación, lo que representa el 45,3%.
Esta situación vulnera los derechos de los trabajadores, ya que no
pueden gozar de un contrato, acceso a seguridad social ni protección
ante accidentes laborales o despidos injustificados. Además, tiende a
frenar el desarrollo económico del país y genera una competencia desleal
para las empresas que sí cumplen con la ley.
Siguiendo
esta línea, quienes en su mayoría no cumplen con las normas son las
microempresas, alcanzando un 47%, mientras que las grandes empresas
llegan a un 4,5%. Esto se explica, en gran medida, debido a las
dificultades de estas pequeñas empresas para cumplir con los pagos que
exige la legislación en el país.
Porque
las consecuencias de la informalidad laboral no solo afectan a los
trabajadores que la sufren directamente, sino que también impactan
negativamente al país en su conjunto. La informalidad genera pérdida de
recaudación fiscal, reduce la productividad y aumenta la desigualdad. Es
por esto, que es necesario abordar la informalidad laboral desde una
perspectiva integral que involucre a todos los actores sociales.
Considerando
que los grandes empleadores de Chile son las pymes, ¿no será momento ya
de revisar las leyes vigentes y explorar alternativas para modernizar
la legislación contractual? Esta discusión debe ponerse sobre la mesa,
sin miedo y con el afán de crecer todos juntos.