Esta
semana, el caso SQM, uno de los mayores escándalos de la política
chilena, finalmente se extinguió, luego que la Fiscalía anunciara que no
va a perseverar en la investigación en contra del exministro del
Interior, Rodrigo Peñailillo; Irina Rossi, hermana del exparlamentario
Fulvio Rossi; los hijos del vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro,
Jorge y Benjamín Pizarro; Harold Correa, quien fuera jefe de gabinete
del exministro Nicolás Eyzaguirre; y el hermano del fallecido Jorge
Matute Johns, Alex Matute, entre otros, en total más de 30 personeros
políticos.
¿Por
qué no sigue adelante la Fiscalía?, ¿porque son inocentes?, no dijo eso
la Fiscalía; ¿será porque faltan pruebas?, tampoco. Simplemente, porque
el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó querella alguna en
contra de estas personas.
El
exfiscal Carlos Gajardo, quien inició la investigación de este caso, lo
explica de otro modo a Pingüino Multimedia, al participar esta semana
en el Programa Barómetro. A su juicio, en Chile hay dos tipos de
justicia, una que opera para las personas comunes y corrientes y que en
su opinión lo hace más o menos bien. Y existe otra para los poderosos,
ante la cual el sistema se inhibe de actuar y, en consecuencia, impera
la impunidad, antes que el castigo, algo que, sin embargo, muchos
ciudadanos de nuestro país y nuestra región, desgraciadamente, viven y
sufren a diario cuando se enfrentan a la falta de respuesta por parte de
la Fiscalía, a sus demandas de justicia.
¿POR QUÉ SQM CAUSÓ TANTO REVUELO?
Fue
una investigación que se inició en 2013 como una arista de otro fraude
llamado Caso FUT. Al revisar una computadora incautada, el equipo del
fiscal Carlos Gajardo encontró un mail donde se pedía dinero a cambio de
servicios presuntamente
ficticios y con cargo al Estado. Aquello, pronto abrió la hebra para
revelar una enorme trama de fraude fiscal que involucraba a políticos de
casi todos los partidos, junto a algunos de los mayores empresarios del
país, a través de lo que la Fiscalía llamó “las boletas ideológicamente
falsas”, es decir, pagos de honorarios con dineros fiscales, a cambio
de servicios ficticios. Los recursos obtenidos, presuntamente, estarían
destinados al pago de campañas políticas, entre ellas la campaña
presidencial de Eduardo Frei y la precampaña presidencial de Michelle
Bachelet.
En
el programa Barómetro, Gajardo reconoce que no tuvo presiones de nadie
para el desarrollo de su investigación. Pero a medida que ésta avanzaba,
los superiores
de Gajardo le quitaron algunas de las causas que intentaba abrir a
medida que surgían nuevos antecedentes, entregándoselas a otros, sin
resultados. Detrás de esas medidas estaban las presiones que Rodrigo
Peñailillo ejercía desde el Ministerio del Interior, afirma Gajardo
quien renunció dos veces, a causa de ello.
El 11 de mayo de 2015, esas presiones parecieron
terminar cuando Peñailillo, también acusado de presentar boletas
ideológicamente falsas, abandonaba La Moneda. El director del SII,
Michel Jorrat, aprovechó esa instancia para
presentar una querella contra Giorgio Martelli, a quien Gajardo
considera pieza clave en el financiamiento de las campañas de Frei y Bachelet. La querella apuntaba a los aportes
irregulares que hizo SQM a la campaña presidencial de Frei en 2009,
abriendo así la puerta a investigar la precampaña presidencial de
Bachelet.
Pero
esa puerta se cerró de golpe. Una semana después, Jorrat era despedido.
Pasaron meses hasta que asumió Fernando Barraza cuya primera medida fue
acotar las querellas. Ya no serían “contra todas las demás personas”.
Mediante un “téngase presente”, éstas fueron dirigidas “única y
exclusivamente en contra de las personas singularizadas de manera
expresa y nominativa”.
A
la postre, sería esa frase la que abriría la puerta para cerrar el
caso, esta semana. Porque adivinen que pasó después. Con la complicidad
de izquierda y derecha, Barraza se ha mantenido en el cargo desde
entonces hasta ahora, bajo los gobiernos de Bachelet y Piñera… sin que
“las personas singularizadas de manera expresa y nominativa”, hayan
recibido querella alguna por parte del servicio.
Pero la aplanadora política sería aún más profunda en el Ministerio Público
Para
fines de 2015, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien había asumido
personalmente el caso, terminaba su mandato. En su lugar, asumió el
actual fiscal Jorge Abbott, elegido por el Gobierno de entre una quina
presentada por la Corte Suprema y ratificado por el propio Senado
integrado por varios de los investigados. Ciper escribió entonces: “La
elección de su sucesor se transformó en el escenario perfecto donde
confluyeron todos los actores interesados en terminar con las
investigaciones del financiamiento ilegal de la política”.
Antes
de su nombramiento, Abbott no tuvo inconveniente para reunirse con el
senador Guido Girardi, cercano a Bachelet por esas fechas, la persona
que debía decidir el nombramiento definitivo. Años después, con la
llegada de Piñera, también se reuniría con el senador Hernán Larraín,
futuro ministro de Justicia. Ante cargos tan codiciados, toda gestión es
poca, no importan las formas.
Recién
asumido, Abbott sacó a Gajardo definitivamente del caso SQM y su
sucesor, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, pronto, declaró
que nadie iría a la cárcel por ilícitos tributarios. Gajardo renunció.
Abbott
fue más allá y el 1 de marzo de 2016 exigió ¡en conferencia de prensa!
al SII que presente querellas o sino habría que terminar las causas.
Barraza, ni corto ni perezoso, le contestó que “nuestro trabajo no es
presentar querellas”. Y cumplió su palabra. La Fiscalía, también hizo lo
propio y los treinta presuntos involucrados en este caso, finalmente
esta semana, se beneficiaron de esta impunidad pactada.
Para
la Fiscalía, la llegada de Abbott ha sido nefasta. En una reciente y
reservada encuesta nacional, donde participó el 54% de los fiscales del
país, la mitad de ellos calificaron su gestión de deficiente y el 40% de
adecuada. En detalle, el balance fue menos duro, pero hubo críticas –no
mayoritarias por cierto- por la falta de independencia respecto del
poder político, así como discriminación hacia minorías sexuales,
personas de escasos recursos, pueblos originarios y violencia
intrafamiliar.
Gajardo
va más allá y sostiene que en los últimos años la institucionalidad ha
luchado por la búsqueda de justicia, como lo demuestran las
investigaciones de los casos Penta, Milicogate, SQM, Cascadas, las
colusiones de las farmacias, los pollos, hasta el papel higiénico… “lo
que no ha habido es castigo y eso es lo que generado la ira que termina
germinando en el estallido social”, afirma.
El caso SQM contribuyó a esa percepción de falta de justicia
y profundizó el pecado de origen ya no sólo del Ministerio Público,
sino de la Reforma Procesal Penal en su conjunto y que es su dependencia
del poder político, a la hora de los nombramientos, mediante un
procedimiento que fatalmente facilita el lobby.
Recuerdo
una de las tantas charlas que se dieron a mediados de los 90,
explicando las grandes ventajas de la Reforma Procesal Penal y a un
hombre, aparentemente de gran sabiduría, decir que en el futuro quienes
decidirían si las personas eran culpables o inocentes, serían jueces
profesionales pagados por el Estado, “y no cualquier hijo de vecino como
hacen los gringos”, dijo despectivo.
Pues
bien, nuestros profesionales pagados por todos nosotros,
desgraciadamente, no pocas veces, terminan debiéndose más a los
políticos que los eligen, que a los ciudadanos a quienes deben servir.