Las
últimas semanas hemos visto como la derecha lanza una campaña del
terror en torno a la posibilidad de cambiar la Constitución. A la falta
de convicciones democráticas y argumentos de fondo optan por atemorizar
la ciudadanía como una forma de evitar cambios y mantener privilegios.
Son dos sus líneas argumentales: nos hay garantías democráticas para el
ejercicio constitucional y que una nueva Constitución no da respuesta a
las demandas sociales.
Cuando
la derecha levanta la tesis de falta de garantías para un proceso
constituyente, porque la violencia controla el momento político, no
queda otra que concluir que son “para de palo”. Primero porque la
seguridad pública depende exclusivamente de su Gobierno, del Gobierno de
Piñera y de Chile Vamos y segundo, porque ellos en su momento avalaron
la Constitución del dictador redactada, mientras desaparecían y mataban
compatriotas, mientras se reprimía y se prohibía expresarse, reunirse y
asociarse.
Hoy tenemos un registro de electores y antes no lo hubo, hoy
tenemos la posibilidad de tener apoderados y defender los votos a
diferencia del año 80, hoy hay partidos políticos, libertad de prensa,
instituciones que regulan, ciudadanos con libertad de expresarse, pero
para la derecha hoy no hay garantías democráticas, pero validan la
Constitución del 80. Validan lo que les conviene, lo que les mantiene
sus privilegios, lo que le permite imponerse siendo minoría sobre la
voluntad y deseo de la inmensa mayoría. La derecha sigue teniendo
vocación y compromiso con la dictadura.
Su
segundo argumento plantea que no es necesario cambiar la Constitución
porque no soluciona la demanda social, por tanto aseguran que no le
cambia la vida al ciudadano común. La verdad me gustaría que con la
misma fuerza y recursos le exigieran a su Gobierno dar respuesta a las
demandas sociales profundas, porque de eso, hasta ahora, nada y ya van
90 días. Pero al revisar algunas de las demandas sociales es fácil
encontrar respuestas. Mejorar la salud requiere enfatizar y fortalecer
la opción pública y avanzar hacia un servicio nacional de salud único,
pero la Constitución hoy lo impide. La gente demanda el fin del sistema
de capitalización individual y de las AFP, pero incorporar un sistema de
reparto está prohibido por la actual Constitución. El derecho a la
tierra y a la autodeterminación son demandas históricas, pero los
pueblos originarios no han podido tener reconocimiento constitucional y
la derecha se ha opuesto siempre. La calle demanda la nacionalización de
los recursos naturales especialmente el agua (producto de la crisis
hídrica), pero la actual constitución establece que las concesiones
mineras y los derechos de agua son de propiedad privada.
Tener una mejor
educación en Chile para todos los chilenos es imposible mientras la
derecha siga protegiendo los privados por los altos quórum de la
Constitución. Y cuando hemos logrado modificar la Constitución en busca
de justicia social la derecha recurre al Tribunal Constitucional para
vulnerar y cambiar la decisión y votación del poder legislativo,
actuando como tercera cámara.
Hasta ahora, el Tribunal Constitucional ha
impedido y rechazado leyes que favorecen la vida cotidiana de las
personas basados en que la Constitución, consagra un régimen político
económico subsidiario del Estado o atribuciones exclusivas del
Ejecutivo. Pasar a un Estado solidario, con más poder regulador, o a un
régimen semi-presidencial requiere una nueva Constitución. Hoy la
Constitución superpone la propiedad privada frente a cualquier otro
derecho.
Hoy necesitamos una nueva Constitución que fortalezca el
Estado, proteja el bien común, y gasten los recursos públicos en los
entes públicos por sobre el mundo privado. Hoy necesitamos una
Constitución que nos represente a todos y no solo a los privilegiados.