Durante
esta semana, la comisión de Normas Transitorias de la Convención votó
favorablemente una serie de normas relativas a la forma en que entraría
en vigencia la Nueva Constitución en caso de ser aprobada. Particular
preocupación ha suscitado una disposición que establece el quórum de 2/3
para las reformas a la Carta Magna en el período legislativo actual y
hasta 2026. Lamentablemente existen bastantes motivos para estar
preocupados, ya que la Nueva Constitución estaría recurriendo a enclaves
autoritarios que se pretendían dejar atrás.
En
política es posible señalar que quien concentra el poder sin
contrapesos tiende a usarlo en su beneficio. Y cuando un sector
concentra el poder de decisión sobre el diseño de instituciones
políticas existen incentivos para establecer reglas que favorezcan su
posición en el futuro. Esto ocurrió, por ejemplo, con la Constitución
del 80. Los autores de dicha constitución, conscientes de que en el
futuro podrían no tener mayoría, decidieron dificultar los cambios para
que la política se jugara en un solo lado de la cancha. Para dicho
efecto, entre otros, se creó la figura de los Senadores Designados, los
cuales beneficiaban a un sector político determinado. Con la misma
finalidad se establecieron quórums muy altos que dificultaran los
cambios políticos (3/5 y 2/3, dependiendo de la materia). En base a
esto, algunos denominaron a este sistema como “democracia protegida”. En
2005, muchos aspectos autoritarios de la Constitución de 80 fueron
reformados, incluidos los Senadores Designados, lo que llevó al
presidente Lagos a señalar que se trataba de una “Nueva Constitución”.
Sin embargo, un aspecto que no logró ser modificado fueron los altos
quórums requeridos para modificar la Constitución. A la postre, esto le
impidió a la Constitución del 80 tener la flexibilidad para adaptarse a
los cambios, siendo uno de los motivos que terminó por quebrarla en
2019.
Pues
bien, algo similar estaría sucediendo con la Nueva Constitución. No
existe duda de que hoy la Convención está dominada por un sector -la
izquierda- y que dicho sector no tiene contrapeso político, toda vez que
cuenta con votos suficientes para aprobar disposiciones sin necesidad
de buscar apoyo en grupos que hoy son circunstancialmente minoría -la
derecha-. En este contexto, es posible que los convencionales de
izquierda, que desconocen si podrán replicar su actual mayoría en el
futuro, hayan pensado que la creación de un distrito para los pueblos
originarios, que asegura a dichas etnias cerca de un 12% del Congreso,
podría serles útil en el futuro. Esto, considerando que en la elección
de convencionales todos los escaños reservados fueron totalmente
favorables a la izquierda. En otras palabras, la regla de los escaños
reservados muy probablemente beneficiará a un sector político -la
izquierda- y en esto existe una semejanza evidente con los objetivos
perseguidos por la figura de los Senadores Designados de la Constitución
del 80. Sin embargo, como los escaños reservados empezarían a regir
solo en 2026, había que buscar una forma para blindar a la Constitución
para que en el intertanto no pueda ser modificada ¿La fórmula? El quórum
de 2/3 que regiría hasta el 2026, votado favorablemente esta semana por
la referida comisión.
Algunos
convencionales han defendido con fuerza esta idea. Particular atención
han suscitado las declaraciones del convencional del Frente Amplio,
Fernando Atria, quien en su libro “La Constitución Tramposa” denunciaba
los altos quórum como uno de los cerrojos que impedía el debate
democrático. El convencional Atria señaló en Twitter respecto a la
polémica norma que ataría de manos al Congreso, que: “no es una trampa,
es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen
razones para tener lealtad con ella, a la espera de instituciones que,
por ser creadas por la NC, si es razonable esperar que la tengan”. Vale
decir, se pretende proteger la Nueva Constitución del Congreso, órgano
de representación democrática por excelencia, en lo que bien se podría
calificar como una versión 2.0 de la “democracia protegida”.
La
próxima semana, el pleno de la Convención deberá decidir si esta norma
prospera o no. En caso de ratificarse, la Convención le pondrá candado a
una Constitución que favorece a un sector político por sobre otro,
replicando de alguna forma varios de los defectos de la Constitución del
80, y demostrando una vez más los intrincados pero predecibles efectos
del poder.