El
proceso de desmunicipalización de la educación se planteó como la
piedra filosofal para mejorar la educación pública, capaz de transformar
su estructura organizacional, mejorar su calidad, superar la
segregación, la injusticia del sistema particular subvencionado y por
cierto impedir el lucro. Los Servicios Locales de Educación, serían la
panacea, el retorno al Mineduc, que garantizaría a todos la calidad de
funcionarios públicos. Transcurridos ya varios años sus principales
promotores en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, no se
retractan ni reconocen su error, sino que sostienen que no existe un
problema de diseño sino que de gestión.
El
país fue testigo de como se festinó la promulgación de la ley 21.040,
aplausos en las tribunas, parlamentarios tomados de las manos, sonriendo
y congraciándose con el Colegio de Profesores, era el momento del
espectáculo y no de una decisión responsable. Con apenas un par de
servicios locales se inició un proceso de desmantelamiento de lo
existente con la expectativa que el tiempo demostraría que el sistema
público retomaría su pasado prestigio, se entonaron cánticos, consignas y
por cierto se evocó al mismísimo Pedro Aguirre Cerda. No obstante, se
trataba de una reforma en “evaluación”. O sea, de un sistema
perfectible, que en realidad era un retroceso, menos poder y funciones
para los municipios y más centralismo, a futuro las municipalidades
podrían hacer ciudad, regar las mismas áreas verdes, extraer la basura y
ocuparse de los perros vagos.
Los
mismos legisladores que aprobaron esta maravilla, con más expectativas
que fundamentos, sin financiamiento público directo, por etapas, que
mantuvieron la subvención a la educación hoy defienden su modelito, el
problema se dice, no es de diseño sino que de gestión, de financiamiento
y de sobredotación. ¡Plop!, esto fue lo que se aprobó por el
bacheletismo sin tasa ni medida. El problema fue siempre de diseño no
de gestión, la ley no resolvió el pasivo existente, no estableció
jubilaciones forzosas para el personal con pensiones dignas, no corrigió
las distorsiones del fondo común municipal, sino que por el contrario,
comprometió el futuro de este con el pasivo de arrastre. En tales
condiciones no es posible demandar gestión a municipios y corporaciones
que año tras año han asumido la falta de financiamiento.
A
sabiendas se privilegió limitar la libertad de educación, lo cierto es
que jamás hubo claridad sobre que se entendía por “lucro”, en un sistema
en que el aporte compartido estaba regulado por ley, y por tanto los
excedentes posibles y permitidos estaban cuantificados. En realidad el
fin del lucro fue una respuesta inspirada más por el temor que por la
razón, pues a la fecha de entrada en vigencia de la ley sólo poco más
del 33% de la matricula estaba en el sector público.
La
reforma impuso los cuidados del sacristán que mataron al señor cura, el
nuevo sistema no incrementó la matrícula del sector público pero limitó
el desarrollo del sector particular subvencionado, no logró resultados y
la calidad de la educación va a la baja, cosa de ver el triste
espectáculo del Instituto Nacional o del Liceo Carmela Carvajal.
Es
efectivo que el proceso constitucional es una oportunidad de tratar en
el nuevo ordenamiento del sistema educacional. Con todo, no se ven las
propuestas, las indicaciones concretas conducentes a dicho propósito,
porque si el problema se reduce a la gratuidad y al acceso, en realidad
el aporte será igual a cero. Como la piedra filosofal no existe, el sólo
acceso universal no garantizará ni igualdad de oportunidades, ni
justicia social, no tendremos una piedra angular ni una columna
vertebral para el sistema, sino que un conjunto de servicios aún más
dispersos que potenciarán como nunca la educación privada. O sea,
siempre fue una cuestión de diseño en que los sastres no dieron el
ancho.