La prórroga del proceso de desmunicipalización
o crónica de la inconsecuencia, se instaló como un tema de campaña, que
pretende dividir a quienes están a favor o en contra de la educación
pública, olvidando que la ley se originó en el Gobierno de la Presidenta
Bachelet, y se presentó como el triunfo definitivo en contra del lucro y
la educación municipalizada, empobrecida y segregadora. Con
todo, mas vale una imagen que mil palabras, eran los tiempos en que el
Colegio de Profesores, representados por su máxima dirigencia, celebraba
como un éxito rotundo el retorno a una educación centralizada y
dirigida desde el Ministerio de Educación, que prestaría el servicio a
través de servicios locales regionalizados y realizaría la utopía de una
educación gratuita y de calidad.
En
realidad esta protesta, con confusos argumentos, oculta otra faz, la
educación no es sólo aula y la promesa permanente de reformas
igualitarias, sino que una actividad económica, que genera empleos,
estabilidad y seguridades personales, caso contrario no provocaría tan
desmesurado interés. El sistema de educación pública es el mayor
empleador de la región, realidad que por cierto compromete y exprime las
finanzas municipales que lo sostienen.
Conforme
a esta apreciación, resulta comprensible que exista incertidumbre,
disconformidad y angustia, pero detrás de estas emociones no existe un
genuino interés por los alumnos, niños y jóvenes, sino que la defensa de
un interés propio, que es legítimo, válido, pero que requiere
sincerarse para evitar la captura de incautos, máxime si en esta etapa
de precampaña los votos pesan más que las razones.
Ningún
municipio en la región está en situación de prolongar la agonía, a
menos que, claro está, se asuma con convicción que la prórroga importa
comprometer casi absolutamente las finanzas municipales por los próximos
cuatro años o siquiera por dos, con gastos crecientes y un aumento del
pasivo que se incrementa mes a mes.
Una
prórroga no se puede fundar en las expectativas que genera la nueva
Constitución, pues esta no estará aprobada antes de dos años y luego
recién comienza la adaptación de las leyes orgánicas y de rango
simplemente legal. O sea,
todo un proceso de adaptación que durará años. En ese lapso, tendríamos
una o dos generaciones de estudiantes a la espera, en un sistema aún
más segregado, disperso y empobrecido.
Los
municipios enfrentarían el peor de los escenarios, en que la dilación
importaría mayores gastos y simultáneamente más pasivo, en el contexto
de una matrícula a la baja. El traspaso, por el contrario, significa
sincerar las cifras, asumir el menor de los males y considerar que solo
tendrían un menor ingreso en el Fondo Común Municipal, al cual se
cargaría el pasivo de arrastre.
Luego,
una prórroga sin compensaciones e indicaciones precisas, acerca de cómo
se compensaría el mayor gasto que representa la espera para las
finanzas municipales resulta una profunda injusticia, y condena a
auténticas zonas de sacrificio en equidad y calidad de la educación,
máxime en un contexto de pandemia. O sea, no cabe dudas que la
educación pública de administración municipal está gravemente herida,
que vive su propio drama, con una prórroga se muere y sin ella quizá
también, pero tiene esperanza y derechos adquiridos reconocidos para los
trabajadores.