Si
en términos personales nos cuesta reconocer y decir -me equivoqué-
-necesito rectificar-. En el plano político a los líderes de opinión les
cuesta mucho más dar explicaciones, reconocer un error, al parecer
nadie corre el riesgo que se cuestione su talento, sus conocimientos,
sin que se vea gravemente afectado su ego y consecuencialmente sus
posibilidades electorales futuras. Al parecer no existe un líder o
autoridad capaz de asumir sus propias debilidades ,flaquezas o
inseguridades.
La
reforma educacional, es un gran fracaso en que a tientas se trata de
enmendar el rumbo, al parecer resulta más difícil reconocer el fracaso
en que existen responsabilidades transversales de diagnóstico y de una
errónea lectura de la sociedad chilena y sus expectativas en lo que a
educación se refiere. En este plano no hay rivales políticos que puedan
excusarse atribuyendo a las autoridades en ejercicio fundamentos o
críticas, dado que la “Nueva Educación Pública”, se transformó en un
tema país, un gran proceso de cambio en que todos, sin excepciones
querían tener un lugar en el primer plano, criticando el lucro, la
segregación y las injusticias propias de la Administración Municipal.
A
poco andar, sus propios protagonistas, el Colegio de Profesores y desde
el Ministerio de Educación, se reconoce a medias, que los Servicios
Locales de Educación, no han funcionado, pero la culpa la tiene la
pandemia o el pasado gobierno que no se comprometió con la reforma. Lo
cierto, es que se trata de un error de diseño institucional, de un
exceso de dogmatismo, de la incapacidad de dar cuenta de la realidad
social y de las distintas expectativas y aspiraciones de los chilenos.
En
esta u otras materias, nadie aspira que los líderes sean infalibles,
reconocer el error y el hecho que la educación pública no está en
situación de ser esa columna vertebral de todo el sistema educacional
chileno no denigra a nadie. Por el contrario, la ciudadanía apreciaría
más la honestidad, reconocer el error político implementado durante el
Gobierno de la Presidenta Bachelet, en que sus asesores desde el
Ministerio de Educación, le prometieron un imposible -cambiar el modelo
sin reparar en los gastos- en las distintas realidades de municipios y
corporaciones, sin advertir a tiempo, que este cambio no era posible sin
cambiar el sistema de financiamiento, sin dejar espacios abiertos a
contrataciones de última hora, todo con una subvención educacional que
no fue concebida para una sistema centralizado y dirigido, que en
realidad se transformó en un fondo de administración por terceros, que
cada año deben incrementar sus aportes al sistema con recursos propios.
El
FAEP u otros paliativos resultan de todo insuficientes, así lo
demuestra el reciente desembolso que debe efectuar la Ilustre
Municipalidad de Punta Arenas, por novecientos millones de pesos. La
pregunta evidente es que hará los próximos meses, quién pagará el
déficit ya acumulado, la deuda previsional aún pendientes y los créditos
sociales. Esta responsabilidad política no es de éste u otro alcalde
de turno.
La
reciente visita y entrevista al subsecretario de Educación, Nicolás
Cataldo, es una oportunidad, al igual que el reciente nombramiento del
nuevo Director Regional del Servicio Local de Educación, para analizar
claramente la realidad, de forma inmediata, con sinceridad y no buscando
huir de los problemas atribuyendo los malos resultados del proceso, a
la pandemia, a la necesidad de hacer ajustes o al pasado gobierno, lo
que en nada contribuye, si se quiere que la prórroga sea una oportunidad
y no una agravación de la crisis ya existente.