La
protesta frente a la Intendencia de los trabajadores de la educación,
ahora unidos contra el traspaso a los nuevos Servicios Locales de la
Educación, y el proceso de desmunicipalización, permite invoca el
proverbio. “El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia”. Cabe
recordar que el Colegio de Profesores de Chile y la Confederación de
Trabajadores de las Corporaciones Municipales de la Educación, fueron
ambos defensores del traspaso y del proceso de desmunicipalización, sólo un aislado número de sindicato de asistentes de la educación de Puerto
Natales, presidido por Osvaldo Sánchez, Punta Arenas, presidido por
Javier Quintul, y el sector de la Fenasicom, liderado por Pedro Pablo
Ramos, fueron opositores a dicho proceso y presentaron indicaciones que
prosperaron en los artículos cuarenta y siguientes de la Ley Sobre Nueva
Educación Pública, parte del legado de la Presidenta Bachelet, que hoy
deben asumir y que tiene tanta letra chica, como les consta a los
parlamentarios de la época. Al
César, lo que es del César, quienes apoyaron ese proceso hoy tienen que
asumir la responsabilidad, defender sus convicciones y explicar a los
trabajadores como es posible que no advirtieran a tiempo las
consecuencias que generaría el proceso de traspaso, cuando los propios
funcionarios del Ministerio de Educación, de la época, indicaron que
este proceso generaría un ajuste de planillas de entre un treinta y
hasta un cuarenta por ciento. O sea, despidos. Todos los sectores políticos, tomados de la mano, celebraron la desmunicipalización
y el supuesto fortalecimiento de la educación público. O sea, vendieron
y se repartieron las tajadas de la consigna de moda. Como la realidad
es mas fuerte, las matrículas continúan a la baja, los resultados no
llegaron y ahora deben asumir los despidos o al menos la incertidumbre. Agrava
la situación una Administración Local, inconsistente, que no realizó a
tiempo los ajustes necesarios, contrató e incrementó la dotación como en
los mejores tiempos y ha sido incapaz de anticiparse a un proceso que
estaba regulado en la ley, que tiene plazos que no se relacionan con la
pandemia sino con las obligaciones que les impone una administración
eficiente en materia de recursos humanos. Ni la pandemia ni la falta de
recursos, justifican el atraso y el hecho que aún a fines de marzo ni
siquiera estén al día con la dotación que debió estar lista a noviembre
de 2020. El
populismo y la palabra fácil comprometió el futuro de la educación
pública o lo que queda de ella, fue incapaz de dar cuenta de un país que
había cambiado, en que al tiempo de la reforma sólo poco más del 33% de
los niños y jóvenes asisten a escuelas municipales. O sea, ya ni los más recalcitrantes defensores del Estado Docente, envían a sus hijos
y/o nietos a las escuelas públicas, sino que muy temprano por las
mañanas los llevan a clases a escuelas particulares o particulares
subvencionadas. La
reforma obnubilada por el populismo, olvidó que la educación no es solo
un derecho sino que también una actividad económica que no da tregua,
que aprovecha todos los espacios y todos los desequilibrios que se
producen en el mercado, inclusive la pandemia , las circunstancias
extraordinarias y la brecha digital. Los
reformistas entusiastas, entre los cuales se cuentan quienes marcharon
frente a la Intendencia, no vieron lo que se les venía y las
consecuencias previsibles de sus acciones, tampoco las ven ahora, y con
seguridad, a la espera de una solución de corto plazo, tampoco
reconocerán que sus errores del pasado tendrán perniciosas
consecuencias en el futuro. El
traspaso no es responsabilidad de este Gobierno, pero si lo es, también
de los partidos políticos que lo apoyan, pues si bien hicieron expresa
reserva que sería éste un proceso sometido a evaluación, no han
cumplido. El
Ministerio de Educación se ha exhibido en toda su impotencia, como una
institucionalidad desbordada, que ya no puede encubrirse en la pandemia y
debe salir a la pizarra.