Según
un informe elaborado por Oxfam Intermon (ONG Inglesa), el 1% más rico
de la población mundial, acumuló el 63% de la riqueza producida a nivel
global entre
diciembre de 2019 y diciembre de 2021. Indica también, que energía y
alimentación son dos de los sectores que más han disparado los nuevos
patrimonios de los más ricos. A nivel nacional las cifras son más
escandalosas. El patrimonio conjunto de los chilenos más ricos equivale
al 16,1% del PIB del país, y fue el país de América latina que más
concentró niveles de patrimonio entre los ultrarricos en relación al
tamaño de la economía del país el año 2021.
Gran
parte de la acumulación de esas riquezas vienen de la privatización de
empresas públicas durante la dictadura cívico-militar, la corrupción del
sistema público y la ayuda de los(as) Parlamentarios que, después del
retorno a la democracia, han generado una batería de leyes para que cada
vez más la recaudación de fondos públicos termine en los bolsillos de
este pequeño, pero maligno, grupo de poder.
Lamentablemente
esta situación se agudizó durante los últimos meses, y un claro ejemplo
es la Ley Nº 21.472 o Ley PEC, que crea un fondo de estabilización de
tarifas y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de
precios de la electricidad, la que permitió contener un alza inminente
en las tarifas eléctricas a inicios del año pasado que se vislumbraba de
alrededor de un 40%. Esta Ley estableció en su artículo quinto
transitorio la constitución de una mesa de trabajo conformada por varios
Ministerios y los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del
Senado. La denominada Mesa Estratégica de Pobreza Energética sesionó
entre agosto y diciembre de 2022 y -tal como se estipulaba- emitió un
informe el último mes del año que fue enviado a las comisiones de
Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado. Además de este
fondo, la Ley estableció un subsidio fiscal focalizado en el 40% más
vulnerable de las familias como mecanismo de protección tarifaria permanente.
En
resumen, esta Ley generará un fondo de estabilización del precio de la
energía por varios miles de millones de dólares y además buscará generar
un subsidio fiscal focalizado para el 40% más vulnerable de la
sociedad, por otros cientos de millones de dólares. Es decir, la
recaudación fiscal seguirá la ruta de los recursos públicos, hacia los
bolsillos de los más ricos del país, con la ayuda de los(as)
Parlamentarios(as) de este país, esto porque sería de mayor justicia
social modificar la Ley que les asegura un piso mínimo del 10% de
rentabilidad, eliminar la posibilidad de fijar tarifas según sus costos
de producción, los que se calculan de empresas de los mismos dueños y
fijar topes sociales de cobro de energía. Cabe señalar que las empresas
eléctricas son de las empresas con las mayores utilidades en Chile.
Un
escandaloso pero silencioso trabajo de los(as) parlamentarios(as) para
pavimentar la ruta de los recursos públicos hacia los bolsillos de los
más ricos de este país.