Un grupo de parlamentarios liderados por la senadora
Yasna Provoste, reciente electa presidenta del Senado, ha puesto en la
mesa el tema del traspaso de la educación municipal a los nuevos
servicios locales de educación, una suerte de engendro sacado del Baúl
de las nostalgias para engalanar la reforma educacional de la Presidenta
Bachelet, cuya mayor contribución ha sido conocer al menos en parte el
déficit realmente existente en el sistema. Para los trabajadores de la
Educación de Magallanes, especialmente los asistentes de la Educación, es una buena noticia porque la senadora
Provoste los respaldó y apoyó en su gestión gremial. La ahora
presidenta del Senado, se anticipó y sabe que realizar estos traspasos
en medio de la crisis por las pandemias, sin caja , con una matrícula a
la baja y sin que se trate de la educación en la nueva constitución
sería un desastre. Es por ello que la Cormupa, está tardíamente
ajustando la planilla, usando la tijera todo que le sea posible, porque
si el traspaso va debe entregar el menor déficit posible a la futura
administración municipal.
En
todo caso, lo fundamental es que la ansiada calidad de funcionario
público esta llegando tarde y mal, sin la marraqueta bajo el brazo,
basta hacer un simple análisis de los servicios ya traspasados para
constatar que todas esas escalas de sueldos están por debajo del nivel
de sueldo que perciben los trabajadores en Puna Arenas, Puerto Natales o
Porvenir.
En
este complejo escenario, en realidad la pregunta de fondo es que quedó
de esa reformita, en que todos tomaditos de la mano celebraron sus
resultados como un gran acuerdo. En realidad no quedó , del legado solo
la gratuidad de la educación superior y la postergación de la educación
pública, pre básica, básica y media. O sea, al final este proceso por
etapas, en medio de conflictos y en permanente revisión, es un
formidable incentivo para la educación privada cualquier sea su
modalidad.
El
debate constitucional mas que nuevos ofertones sobre gratuidad deberá
asumir la pluralidad de Chile, como incorpora a aquellas familias que ya
optaron por un sistema subvencionado, que no confía en la marca
educación pública y que reclama su derecho a la existencia y desarrollo,
como se incorpora a esos padres que marchaban por pagar. A su vez, el
imperativo en un Estado Social de Derecho es financiar en forma directa
con recursos públicos, estables, permanentes, que no sean un incentivo
económico para la prestación del servicio sino que expresión del
auténtico compromiso del Estado con la educación de los sectores
sociales que no pueden pagar pero si tiene algo que no tiene precio, el
talento. También el nuevo orden social debe asumir para otro sector
social, mayoritario en estos momentos, la educación no deja de ser una
actividad económica más.
Así
la propuesta de la senadora Yasna Provoste, es audaz, puede ser la
sanadora de la reforma y de lo que queda de ella o la gran gestora de un
acuerdo nacional que se genere en el debate consecuencia del proceso
constituyente, credibilidad y capital político tiene.