A
comienzos de semana el Consejo Regional (CORE) aprobó por unanimidad
una declaración con la cual -sin reservas- apoyó la actualización de los
límites de la plataforma continental de nuestros archipiélagos Diego
Ramírez y Barnevelt, decretada a fines de agosto último por el Gobierno
nacional.
Se trata de otra señal de preocupación
del Consejo Regional (ergo, de la comunidad magallánica), en los hechos
el único organismo del Estado que a lo largo de la última década
entendió los alcances no solo legales, sino geopolíticos y
geoestratégicos de esta materia. Lo anterior, porque en Magallanes se
sabe que el reclamo de plataforma continental extendida más allá de las
200 millas náuticas hecho por Argentina en 2009 es mucho más que un
asunto científico-técnico, o un “tema reglamentario” del organismo
técnico de la Reunión de Países de la Convención del Mar que debe
pronunciarse sobre el tema: lo que ocurre es que, de manera unilateral,
en 2009 Argentina extendió el límite internacional con Chile y nuestra
región (por casi 30 kms).
Además
de pretender soberanía sobre los recursos de un área que el Tratado de
Paz y Amistad de 1984 denomina “Mar de la Zona Austral” (y señala como
el “confín inconmovible” entre ambos países), dicho año y “a piacere”
Argentina utilizó una norma de Derecho del Mar para intentar reinstalar
el llamado “principio biocéanico”.
Según
ese “principio”, en el meridiano del cabo de Hornos “automáticamente”
ocurre la división entre los Océanos Pacífico y Atlántico, por lo cual
esa misma coordenada constituye una barrera infranqueable para la
proyección de la plataforma continental chilena hacia el Este y el
Sureste. La intención de fondo es -obviamente y otra vez- intentar
bloquear nuestra proyección natural y legal hacia la Antártica.
La
actualización de la proyección de nuestra plataforma continental al
oriente de ese meridiano (por ahora solo de 200 millas) constituye una
acción afirmativa que -en especial por insistencia de la Armada- ha
dejado en evidencia algo que desde Magallanes hemos sostenido por largos
años: en 2009 Argentina nos impuso un nuevo diferendo limítrofe.
Desde
este punto de vista el Decreto y la Carta Marina del SHOA que ilustran
la actualización de nuestra soberanía submarina representan también un
cambio de opinión fundamental de DIFROL (¡de los arrepentidos es el
Reino de los Cielos!), organismo de la Cancillería que no solo evitó
privilegiar la atención de esta materia (a pesar que, como lo recordaron
los propios Consejero Regionales, desde Magallanes insistentemente se
le solicitó), sino que, con su reticencia a entender y a asumir la
urgencia del problema, otorgó a Argentina una serie de argumentos de
forma que -muy probablemente- harán incluso más difícil la solución de
problema. Así por lo menos lo indica el contenido de la discusión del
asunto que hace algunas semanas tuvo lugar en el Senado argentino (y que
terminó con un “voto de repudio” al supuesto “expansionismo chileno”
“extemporáneo”).
Para
Chile y Magallanes lo que está en juego es tanto la soberanía sobre
millones de kms2 de recursos naturales, como la consistencia de nuestra
tesis legal, histórica, diplomática y geo-científica que afirma que
somos una continuidad geográfica y legal entre el hito tripartito con
Perú y Bolivia y el Polo Sur (Decreto Antártico de 1940, Estatuto
Antártico 2021; si alguien en Santiago está en desacuerdo con este
principio-concepto, resultaría útil que lo pusiera “por escrito”).
Se trata de un asunto
material, concreto, urgente y prioritario que debe seguir siendo objeto
y sujeto de la atención de toda la comunidad, de todas sus autoridades
regionales y, también, de todos los consejeros, diputados y senadores
que resulten electos en los comicios del próximo noviembre.
Se vienen tienen complejos: hay que estar preparados.