La
necesidad del control de armas, la difusión del trabajo de la
Convención Constituyente y el necesario control de la inflación, no
logra comunicarse con éxito, persuadir, estructurarse, llegar a las
personas, estableciendo una relación comprensible entre ideas y
realidad. O sea, no ha logrado superar el nivel de las consignas ya
desprestigiadas por las apariencias. A su vez, se ha instalado con
éxito una oposición agresiva, obstruccionista, que ha sabido capitalizar
la incertidumbre que genera uvn Gobierno de jóvenes en rodaje,
ocultando su conocida reticencia a los cambios en la penumbra de una
oferta insostenible -rechazar para transformar o reformar, configurando
una tercera vía-. O sea, en lo posible retrotraer, el proceso
constituyente a la nada misma y ojalá a las normas existentes hasta el
estallido social. A su lado, los amarillos de siempre, quienes no
quieren cambios sino modificar apariencias y sostener ojalá el Senado e
instituciones claramente desprestigiadas.
El
desprestigio de la clase política no permite sostener de buenas a
primeras que el Senado, es necesario por su carácter republicano, como
institución, en circunstancias que en realidad lo que se les critica es
la ausencia de repúblicos, esto es de ciudadanos capaces para los
oficios públicos, versados en la conducción del Estado y sus
instituciones o en materia política. Por el contrario, más bien se
percibe una cofradía, que sin grandes fundamentos defiende sólo un
interés corporativo, incapaz de haber establecido en más de treinta años
un estado social y democrático de derecho.
Es
efectivo que, por si sola la Constitución, cualquiera sea su contenido,
no resolverá los graves problemas sociales de Chile. Empero, y a
pesar de los reparos que se puedan formular al proceso constituyente y a
determinados artículos y principios que pueden no compartirse, lo
concreto es que en su conjunto no pone en riesgo ni las libertades o
derechos fundamentales, ni la propiedad, ni la libertad religiosa, ni
establece privilegios que atenten contra la igualdad ante la ley. Por
el contrario, afianza estos derechos. Sin embargo, el principal escollo
no está en el texto constitucional sino en la pobre defensa que se ha
hecho del proceso constituyente, en los excesos de discursos
identitarios desbordados que no encuentran asidero en la cotidianeidad,
o en regiones como la nuestra, donde por ejemplo, la plurinacionalidad
fue enterrada hace más de un siglo por el genocidio de los pueblos
originarios y hoy no existe masa crítica, para hablar de pueblos o
naciones con identidad, cultura e idioma propio. Por tanto, esas
disposiciones no pasarán de ser programáticas, al menos en Magallanes.
La
necesidad de reformular el discurso, de efectuar adecuaciones, con
seguridad no vendrá del Gobierno, que antes del cuatro de septiembre no
puede promover de buenas a primeras un cambio de gabinete, sin detonar
una grave crisis de gobernabilidad. O sea, no queda más que la propia
civilidad, analice, pondere y vea si en realidad puede confiar en las
reformas que se le ofrecen para después de un eventual triunfo del
rechazo. Nuestra historia reciente no permite confiar en quienes no
fueron capaces de establecer una estado social y democrático de derecho,
cuando tuvieron el poder de hacerlo y prefirieron reformas que, en su
esencia sostuvieron el ordenamiento constitucional ilegítimo de 1980.
En tales circunstancias, una tercera vía que tenga más legitimidad que
este proceso constituyente no existe.