Si
hay un tema que en lo personal me preocupa es la violencia de género en
el marco del contexto de la violencia intrafamiliar, sea del tipo que
sea, porque cualquier acción de este tipo es muy censurable y repudiable
desde el punto de vista que se mire.
Y
habitualmente la preocupación nace o resurge cuando existe un caso de
femicidio donde nuevamente comenzamos con los cuestionamientos hacia las
normas que existen o los castigos que se le aplican a los femicidas.
Pero
lo que realmente nos debe preocupar es cuando comienzan a ocurrir las
agresiones y las mujeres (en la mayoría de las ocasiones) hacen la
denuncia y se procede a algún tipo de acción judicial que deriva en una
condena. Muchas de esas personas sancionadas, que en diversas ocasiones
reciben sanciones punitivas que no contemplan la prisión, quedan en
libertad con medidas que implican el alejarse de su víctima.
Pero
ahí es donde viene el problema. Muchas de esas órdenes de alejamiento,
simplemente no se cumplen porque el agresor – motivado por diversos
factores – insiste en acercarse a su víctima terminando,
lamentablemente, en un femicidio.
Por
eso la aprobación del proyecto de ley sobre monitoreo telemático para
los casos de VIF y uso de tobilleras electrónicas en agresores a partir
del año 2022, es una tremenda noticia y un gran avance en materia de
violencia intrafamiliar.
Esto
permitirá el monitoreo 24 horas de las personas que están con alguna
causa de violencia intrafamiliar y el uso de la tobillera cuando ya
exista condena permitirá tener un control sobre aquellos que han
incurrido en este tipo de delitos, sin la necesidad de que pese sobre
ellos una condena judicial. Ahora desde la formalización y las medidas
cautelares se podrá chequear que el agresor no se acerque a la víctima,
situación que a la postre era lo más difícil de llevar a cabo.
Esta
normativa, que será promulgada a la brevedad, nos genera una nueva
protección para las mujeres (insisto principalmente) para que el
cumplimiento de las medidas cautelares no sea solo un mero trámite
judicial y que efectivamente se cumpla.
Quiero
aprovechar la ocasión para recordar el caso de Elsa Muñoz, quien en la
Navidad pasada fue asesinada por su ex conviviente en Viña del mar, pese
a que lo había denunciado sistemáticamente (27 órdenes de alejamiento)
ante las autoridades judiciales y la policía.
Ese
tipo de hechos no queremos que nunca más vuelva a pasar y que además
del uso de tobilleras, podamos aprobar el proyecto de ley de mi autoría
que aumenta fuertemente las sanciones penales en contra de los
femicidas. Es un justo reconocimiento a las víctimas – y sus familias –
que deben pasar por este calvario de sufrir violencia intrafamiliar.
Hay
muchas otras temáticas que como autoridades debemos enfrentar en esta
materia, como ir en ayuda de aquellos hijos que quedan en la más
completa indefensión cuando su madre o su padre son asesinados producto
de una acción de su pareja, expareja, marido o esposa.
No
es para conformarse, pero siempre es agradable ver este tipo de leyes
que ven la luz después de muchos años y que comienzan a entregar un
manto de protección a miles de mujeres que sufren con la VIF. Es un
avance aunque muchas de nosotras no podrán estar cubiertas por esta
normativa porque fue demasiado tarde.