En una sociedad que se jacta de su progreso, de sus avances tecnológicos y de su crecimiento económico, hay una herida que no cicatrizamos: el abandono de nuestros adultos mayores. La reciente noticia del cierre de la Casa del Samaritano, un espacio que durante años ha sido un refugio y un hogar para tantos ancianos en situación de vulnerabilidad, no es sólo un hecho aislado. Es el síntoma de una enfermedad social mucho más profunda: nuestra incapacidad como comunidad, y especialmente como Estado, de asumir la responsabilidad que tenemos con aquellos que construyeron el mundo en el que hoy vivimos.
La Casa del Samaritano no era sólo un albergue. Era un centro de dignidad, de compañía y de atención para personas que, por diversas circunstancias, se encontraron solas en el tramo final de sus vidas. Su cierre es un recordatorio brutal de que las instituciones privadas, por más noble que sea su misión, no pueden ni deben ser la única red de apoyo. La responsabilidad fundamental de cuidar a los más desfavorecidos, y en particular a los adultos mayores, recae en el Estado.
¿Qué mensaje estamos enviando a las generaciones futuras? Que la vejez es una carga, una etapa de la vida en la que uno debe valerse por sí mismo o, en el mejor de los casos, esperar a que la caridad de unos pocos supla las carencias de un sistema que debería proteger a sus ciudadanos. La vejez no es un problema a solucionar, es una etapa natural que debe vivirse con la mayor calidad de vida posible. Y para eso, se requiere una política pública robusta, con fondos suficientes, con personal capacitado y con una visión humana que ponga a las personas por encima de las cifras.
Es urgente que miremos a nuestros adultos mayores no como un gasto, sino como una inversión. Invertir en su bienestar no sólo es una cuestión de justicia social, es la base de una sociedad sana. El Estado tiene una deuda histórica con ellos, una deuda que se paga con dignidad, con cuidado y con la garantía de que no serán abandonados en el ocaso de sus vidas. El cierre de la Casa del Samaritano no debe ser un punto final, sino un punto de inflexión. Un llamado de atención para que el Estado asuma su responsabilidad y demuestre que, como sociedad, honramos a nuestros mayores.